Los colectivos Seguridad sin Guerra y contra la Impunidemia denuncian que, a 3 años de la gestión del Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, el balance es negativo: retrocesos y falta de rendición de cuentas.
Por lo que cientos de organizaciones de la sociedad civil, académicos, artistas e intelectuales, de madres buscadoras, de protección de derechos humanos, demandan que el Senado debe solicitar la comparecencia pública del Fiscal General y nombrar al Consejo Ciudadano de la FGR.
En un pronunciamiento resaltan que es obligación del Senado velar por una fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. “El nivel de impunidad federal se ubica en 95.1% en casos de tortura y desaparición prácticamente roza el 100%”, citan.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideran, que no ha impulsado una transformación estratégica de la institución para hacer frente a la impunidad sistémica en el país, incumpliendo sus obligaciones.
A 3 años de que la Cámara Alta lo eligió como primer titular de la Fiscalía General de la República, en medio de un proceso severamente criticado, bajo su mando, la FGR ha aplicado una justicia penal de manera selectiva, lo que es evidente en casos como el del General Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto; o el de Alejandra Cuevas, ex cuñada del Fiscal.
Asimismo, ha mostrado una clara cercanía al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el Fiscal incumplió su propia Ley Orgánica de 2018, al grado de promover su abrogación y la emisión de una nueva Ley de FGR en 2021 que, acorde con sus intereses, reduce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, elimina salvaguardas para la autonomía de la Fiscalía.
A pesar del tiempo transcurrido y ante la omisión del Senado de la República, la FGR aún carece de un Consejo Ciudadano -diseñado como un contrapeso al poder del Fiscal-, lo cual evidencia un total desdén hacia la ciudadanía y a los mecanismos de control externos.
Ante los reiterados incumplimientos de la FGR, varias organizaciones de derechos humanos hemos promovido juicios de amparo, entre los cuales destacan los siguientes: amparos por la falta de designación del Consejo Ciudadano; por la omisión en la conformación de una Unidad Mixta de Investigación en la FGR, para casos de graves violaciones contra personas migrantes.
Amparo contra el diseño, revisión, discusión y aprobación del Plan de Persecución Penal de la FGR. Amparos contra las designaciones de la Fiscal de Derechos Humanos y la Fiscal Anticorrupción, a nivel nacional, por no haber respetado el proceso señalado en la ley; contra la Ley de la FGR de 2021, que abrogó la Ley Orgánica de la FGR de 2018.
El Fiscal Gertz Manero ha omitido impulsar la transición hacia una persecución penal moderna, racional y eficiente, y ha mostrado graves retrocesos, principalmente en relación con su autonomía e independencia.
Mientras que la autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la Fiscalía contra la rendición de cuentas, la participación ciudadana y para negarse a colaborar con otras autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías locales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Alianza para el Gobierno Abierto. Déficits.
No existe una definición clara de objetivos prioritarios, lo que ha llevado a que la mayoría de las acciones se hayan centrado en delitos de bagatela (de bajo impacto), mientras que otros delitos vinculados con graves violaciones de derechos humanos y corrupción permanecen en la impunidad.
No existe evidencia que el Plan de Persecución Penal esté siendo implementado por la FGR, toda vez que sus resoluciones muestran un comportamiento inercial al de años previos. Lo que implica que la actual Fiscalía no cuente con un plan público que defina las prioridades.
Esto deja un margen de discrecionalidad a la Fiscalía y permite un uso faccioso y político de la misma. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Camargo, Tamaulipas, ocurrida en enero 2021, la FGR se rehusaba a intervenir en el asunto, a pesar de que cobró la vida de 19 personas (16 guatemaltecas y 3 mexicanas), por lo que fue necesario acudir a las instancias judiciales para que iniciara una carpeta de investigación.
A la fecha no se tiene conocimiento público de la expedición del Estatuto Orgánico de la FGR, a pesar de que el Fiscal General contaba con 90 días para hacerlo a partir del 21 de mayo de 2021, cuando se publicó esa Ley en el Diario Oficial de la Federación.
Esto propicia la indefinición de competencias de las fiscalías y unidades de la Fiscalía, lo que eventualmente puede retrasar la investigación de los casos y la evasión en la asunción de responsabilidades, con todo lo que ello implica en la garantía del derecho de acceso a la justicia y combate a la impunidad.
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Hay una falta de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal de la FGR.
El hecho de que la mayoría del personal se encuentre bajo contratos temporales impide la consolidación de un servicio profesional de carrera y la autonomía de las y los fiscales, lo que merma la profesionalización y estabilidad de la institución, así como viola los derechos de las y los servidores públicos.
De 2014 a 2019, la impunidad administrativa en la FGR fue de 100%, ya que “reportó no haber impuesto una sola sanción a los servidores públicos adscritos durante el periodo analizado”.
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