En México hay 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar y nueve de cada diez son mujeres, pero sólo 22 mil, registradas ante el IMSS, pueden aspirar a acceso a los créditos que ofrece el gobierno federal para paliar los efectos económicos de la pandemia, el resto se queda marginada, consideró Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana.
La mayoría de las trabajadoras del hogar no tienen contratos laborales ni acceso a los servicios médicos, y esta situación las expone a ser un sector muy vulnerable al Covid-19, ya que muchas personas en sus casas, no las están contratando en esta temporada, y salen a la calle a buscar otras actividades o vender en la vía pública.
En esa situación están otros sectores en la economía informal, así como los trabajadores independientes que no tienen acceso al sistema de seguridad social y ni al otorgamiento de apoyos económicos o créditos.
Dijo que muchas organizaciones de la sociedad civil, economistas y especialistas, al igual que el Estado mexicano, buscan reducir las desigualdades, promover los derechos humanos y ver a un México fortalecido después de la pandemia.
El foro “Covid 19 y desigualdades” celebrado vía remota convocó a representantes de la sociedad civil que colaboran en “Para Quedarnos en Casa”, una plataforma con más 50 aliados que piden al gobierno poner en marcha acciones para mitigar los efectos negativos de la crisis.
En el foro, donde participaron Roberto Vélez, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Maïssa Hubert, de Equis Justicia para las Mujeres; Luis Fernández, de Nosotrxs; Diego A. Vázquez, de Oxfam México; Emilia García-Arteaga, de TECHO México; Sylvia Hernández, de The Hunger Project México; André Cortés, de UNICEF; Nicole Huete, de Intersecta; e Iván Benumea, de Fundar, se analizó la situación dramática de las mujeres que sufren, en la cuarentena, un escalamiento de la violencia en el hogar.
Reclamaron al presidente López Obrador su falta de compresión y exigieron la pronta entrega de los recursos para las 35 Casas de la Mujer Indígena (CAMI) y otros apoyos que han sido retenidos.
También se reiteró la necesidad de garantizar información transparente, comprensiva y accesible sobre la pandemia y sus impactos, con el fin fortalecer las medidas por parte del gobierno. Se reconoció la contribución del trabajo, los datos e investigaciones realizadas por las mismas organizaciones de la sociedad civil para comprender y responder mejor a la crisis.
Los participantes señalaron que una vez que termine la crisis, el gobierno debe implementar una reforma progresiva que grave las ganancias de los más ricos para disponer de los recursos suficientes para una política social que garantice el bienestar de los mexicanos, dispongan de un sistema universal de protección social, un piso mínimo de ingresos y la eliminación de carencias estructurales de manera que se garantice el acceso efectivo a sus derechos fundamentales.
Es hora de que desde el gobierno se ponga límite a la excesiva concentración de la riqueza, dijo uno de los 9 participantes.
Los participantes reafirmaron la necesidad de generar medidas para atender la violencia contra las mujeres durante y después de la pandemia, en particular en el acceso a justicia y los mecanismos de protección. Se vuelve urgente que el gobierno innove en la forma en que las mujeres pueden denunciar y procurar justicia sin ponerlas en mayor riesgo.
Asimismo, se debe proteger los derechos laborales de las personas que trabajan en el sistema de cuidados, en su mayoría mujeres, ya que, por un lado, son una población en riesgo al estar en contacto constante con otros y por el otro, muchas de ellas fueron descansadas sin goce de sueldo o han perdido su empleo.
