Ante las arbitrariedades que comete la Patrulla Fronteriza en la frontera norte de México, activistas y personas afectadas por las agresiones de esos agentes norteamericanos, demandan al presidente de México denunciar y presionar al gobierno de Estados Unidos, así como a la próxima presidenta o presidente de México atiendan este tema.
Si bien no se tienen cifras exactas, un conteo de organizaciones civiles estima que desde 2010 han habido 170 casos de muertes por uso de la fuerza de agentes fronterizos en la frontera EUA-México, 60 de ellos mexicanos, la principal nacionalidad afectada, seguida por estadounidenses de ascendencia mexicana.
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En conferencia de prensa, Andrea Guerrero, Directora Ejecutiva de Alliance San Diego, originaria de México y principal promotora de la Campaña Empieza con Dignidad; María Puga, mexicana que vive en Estados Unidos, viuda de Anastasio Hernández, quien fue torturado y asesinado por agentes de la patrulla fronteriza en la vía pública en EU y
Marisol García Alcántara, quien recibió un disparo en la cabeza por parte de un agente de la Border Patrol, manifestaron que a cien años de la patrulla fronteriza continúan los abusos y violaciones a derechos humanos de migrantes.
Las activistas se pronunciaron porque el gobierno norteamericano y mexicano modifiquen para que no hay cargos legales para los agentes de la patrulla fronteriza que los tomen en cuenta, Cultura de violencia e impunidad de la patrulla fronteriza.
Uno de ellos fue Anastasio Hernández Rojas, quien fue torturado y brutalmente asesinado por agentes fronterizos el 28 de mayo de 2010.
Su caso es el primero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga por ejecución extrajudicial por parte del gobierno de EUA.
Ningún agente de la Patrulla Fronteriza ha pagado por sus delitos
En la víspera del centenario de la creación de la “Border Patrol” o Patrulla Fronteriza estadounidense, creada el 28 de mayo de 1924, denunciaron que desde su creación, ningún agente ha enfrentado consecuencias por asesinatos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y que raramente han habido condenas por lesiones.
Esto debido a las políticas estadounidenses que no limitan el uso de fuerza a lo “necesario y proporcional” como es el estándar internacional, sino que permiten un uso “objetivamente razonable”.
Es decir, su uso se deja a la discreción del agente fronterizo y no se exige que se utilice la cantidad mínima de fuerza necesaria, ni que su uso sea proporcional a la amenaza planteada.
Andrea Guerrero, Directora Ejecutiva de Alliance San Diego, señaló que el motivo de esta conferencia en México es “pedirle al gobierno mexicano que proteja y defienda los derechos humanos de sus ciudadanos, ya que la tasa de abusos de la fuerza por parte de agentes fronterizos estadounidenses ha aumentado dramáticamente.
El año pasado tuvo la tasa más alta de violencia en la última década, con más de mil incidentes registrados.”
Añadió que las principales factores que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas mexicanas son el uso excesivo de la fuerza y la existencia de equipos de encubrimiento dentro de la Patrulla Fronteriza conocidos como “Border Patrol Critical Incident Teams (CIT)”, cuya existencia fue descubierta durante la investigación del caso de Anastasio Hernández Rojas. En mayo de 2024, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) emitió un informe confirmando que estos equipos habían existido desde 1987 en San Diego.
La GAO estima que desde 2010 hasta 2022, los CIT se involucraron en casi 900 incidentes críticos en los que agentes fronterizos usaron la fuerza y alguien falleció o fue herido gravemente.
Aunque dichos equipos fueron supuestamente eliminados en 2022, actualmente otros equipos participan en actividades similares.
Durante su intervención, María Puga, viuda de Anastasio Hernández Rojas, una de las víctimas mortales de la Patrulla Fronteriza, aseguró que “[su] esposo residió en EUA por más de treinta años, éramos una familia feliz, dedicada a nuestros cinco hijos.
Pero el 28 de mayo de 2010, mi esposo fue asesinado brutalmente por agentes de la patrulla fronteriza. Hasta la fecha, ningún agente ha sido enjuiciado por este crimen”.
Por su parte, Marisol García Alcántara, quien en 2021 recibió un disparo en la cabeza por parte de un agente estadounidense mientras viajaba en un vehículo en Nogales, Arizona, y milagrosamente sobrevivió, si bien sufre secuelas permanentes, aseguró que: “pedimos al gobierno mexicano que nos ayude para que esto pueda parar y que nos traten con dignidad.
Los migrantes no intentamos cruzar por gusto, sino por necesidad.
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