Violencia reportada de enero a septiembre del 2023, se elevó un 12% respecto al año anterior

Cada mes se ha manejado un promedio de 555 atrocidades en el presente año

Patricia Carrasco | La Prensa

  · martes 24 de octubre de 2023

Foto ilustrativa | Cuartoscuro

De enero a septiembre de 2023, se registró un promedio de 555 atrocidades cada mes, 22% más que en el mismo periodo de 2021 y 12% respecto al 2022, afirma la organización de la sociedad civil Causa en Común.

Durante ese periodo se registraron al menos 1,435 casos de tortura, 729 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 355 masacres, mientras el presidente de la República prefiere ocultar la realidad y distraer la atención.

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Ante la violencia desatada en el país, Causa en Común exige una estrategia de seguridad y justicia, ya que se registran alrededor de 18 atrocidades cada día. Asimismo, alertó que en los que va del año, han sido asesinados 34 policias en Guerrero; 13 de ellos, ayer en Coyuca de Benítez. Lo que convierte a esa entidad en el segundo estado con más casos, el primero es Guanajuato.

El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más se registró en el país (después de tortura) con, al menos, 729 casos, un promedio de 18 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 208 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 23 casos al mes.

El informe resaltó que las diez entidades con más atrocidades son: Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Veracruz y el Estado de México.

Al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas.

De acuerdo al último informe del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, Causa en Común reveló que los 5 mil crímenes de extrema violencia pueden ser clasificados como atrocidades.

Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Asimismo, detalló que en el periodo, las atrocidades se incrementaron en más de un 22% respecto a los registros de 2021, y un 12% respecto al 2022.

Los actos violentos contra las autoridades, violaciones agravadas, calcinamientos y desplazamientos forzados son otros tipos de atrocidades que se han incrementado.

Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las diez entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el periodo fueron: Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Veracruz y el Estado de México.

Foto: Luis A. Barrera

Causa en Común refirió que cada ciudadano y cada comunidad tienen la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.

Por lo que son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales.

Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

Es necesario, agregó, dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades.

Asi como financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país.

Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.

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