Desde junio de 2023 y hasta el 4 de junio, se han contabilizado un total de 63 actores políticos asesinados en 17 entidades del país, incluyendo 37 aspirantes o candidatos, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018.
Ello lo aseguró la organización civil Causa en Común, al precisar que entre los aspirantes o candidatos asesinados, el 30% contendía por MORENA (más el 8% por el Partido Verde y el 5% por el PT), mientras que el 42% lo hacía por la coalición opositora (nueve del PRI, seis del PAN y uno del PRD); el 8% corresponde a Movimiento Ciudadano y el resto de los asesinatos corresponden a partidos locales.
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Expuso que el 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal. En 17 entidades del país se registró el asesinato de al menos un actor político, concentrándose la violencia en los estados de Guerrero (12), Chiapas (11) y Michoacán (7).
En opinión de la ONG, México enfrenta una criminalidad desbordada que debe reconocerse y enfrentarse con decisión política y todos los instrumentos del Estado.
Resaltó que ellos han denunciado las inútiles medidas de protección para aspirantes y candidatos, muchos de los cuales fueron asesinados en los últimos meses.
Estas cifras, agregó, convierten a las recientes elecciones en las más violentas en la historia moderna de México. Sin embargo, a la violencia homicida se suman además los reportes de secuestros, heridos, desapariciones y amenazas de grupos criminales.
Recordó que además, durante la elección, se detonó un artefacto explosivo en las afueras de las oficinas del INE en Acámbaro, Guanajuato, y que fue asesinado Israel Delgado Vega, candidato del PT a síndico en Cuitzeo, Michoacán.
En Coyomeapan, Puebla, el ejercicio electoral tuvo que suspenderse debido a la irrupción de un grupo armado en el recinto electoral.
La violencia impidió la instalación de diversas casillas en distintos puntos del país. Apenas ayer fue asesinada la alcaldesa de Cotija, en Michoacán.
No es verdad entonces que se trató de una elección ordenada y pacífica; no lo fue antes y no lo fue en varios puntos del país durante la jornada electoral; tampoco lo ha sido después. Subrayamos por tanto lo evidente: México enfrenta una criminalidad desbordada que debe reconocerse y enfrentarse con decisión política y todos los instrumentos del Estado.
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