Los servidores públicos adscritos a la procuración de justicia (peritos, Ministerios Públicos, policías de la fiscalía estatal y demás personal) que filtren fotos, imágenes o información de víctimas tendrán que ser sancionadas hasta con 10 años de prisión, advirtieron diputados mexiquenses.

Durante la sesión de hoy, la legisladora Beatriz García Villegas, presentó a nombre de la fracción de Morena, una iniciativa para castigar con penas de 4 a 10 años de cárcel a todo aquel servidor público de procuración de justicia que incurra en esta práctica.

Ante Marisol Juárez Cortés, madre de Christy Mary Villegas, quien el 26 de diciembre fue encontrada sin vida en un paraje de Juchitepec, tras nueve días de su desaparición, y quien asistió al Congreso mexiquense, la diputada García Villegas reprobó la filtración de fotos o imágenes de las víctimas.

Se refiero al caso de Mary Villegas, de sólo 15 años de edad, porque a las pocas horas de ser localizada “fueron filtradas fotos del cuerpo de la joven, lo que atentó claramente contra su integridad, al igual que la de sus familiares”.

Apuntó que la filtración de información o evidencia vinculada con alguna de las etapas del procedimiento penal es una práctica reiterativa cometida por las y los servidores públicos que integran el sistema de procuración de justicia, con la intención de obtener alguna ventaja o contraprestación económica.

También, recordó el caso de la joven Ingrid, que fue asesinada de manera brutal por su pareja en la Ciudad de México y cuyas fotos fueron difundidas a medios de comunicación, como un actuar indebido de autoridades encargadas de la procuración de justicia, y sobre los derechos de las víctimas, y más aún en casos de feminicidio.

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“El hecho de exhibir el cadáver mediante imágenes en algún medio de difusión y comunicación, produce una victimización secundaria que agrava y expone un daño tanto a la víctima directa como a las indirectas”, sostuvo la morenista.

Estas acciones son violaciones al derecho y al principio del debido proceso de ambas partes, al derecho y al principio de presunción de inocencia del imputado, al derecho a la intimidad de cualquiera de las partes, y en el caso de adultas mayores, mujeres, o niñas, es una violencia institucional, apuntó.

“Con la presentación de esta iniciativa buscamos inhibir y reducir en gran medida los actos de filtración por parte de las y los servidores públicos que han provocado en distintos casos una revictimización en contra de las mujeres, así como afectaciones a las distintas víctimas de cualquier delito”, precisó Beatriz García.

El proyecto establece sanciones a quienes en ejercicio de sus funciones en los sistemas de procuración de justicia, filtren evidencia o información de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensoras o defensores de derechos humanos, personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas en estado de reclusión, adultas o adultos mayores, personas en situación de calle o en extrema pobreza, entre otras.

La reforma al artículo 353 del Código Penal que refiere delitos cometidos por las y los servidores públicos de la procuración y administración de justicia establece sanción de cuatro a diez años de prisión, de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de su empleo, cargo o comisión que corresponda.

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