Dos de los principales problemas que enfrenta la niñez en el país: el abandono (que termina por aumentar las cifras de niños de la calle) y el maltrato en sus hogares por parte de familiares, representan flagelos que azotan cada vez más al Estado de México, la entidad más poblada del territorio nacional, sin que ninguna autoridad municipal o estatal haya podido implementar eficientes políticas públicas para garantizar la protección infantil.
Con más de 17 millones de habitantes, según cifras oficiales del Consejo Estatal de Población, aunque alcaldes mexiquenses aseguran que hay más de 20 millones, en el Estado de México hay un cálculo de entre 4.3 y 5.7 millones de personas de 0 a 19 años, un segmento poblacional que representa importantes retos para el gobierno, principalmente en la salvaguarda de derechos y sano desarrollo de la niñez.
A pesar de que el país y sus 32 entidades federativas están comprometidos con la Convención de Sobre los Derechos del Niño, documento internacional bajo la férula de la Organización de las Naciones Unidas, la protección de los menores no existe en la vida cotidiana, y un ejemplo de ello es el maltrato en los hogares de los niños.
Para la presidenta de la Cámara de Diputados del Estado de México, Karina Labastida Sotelo, las vejaciones y la violencia que sufren niñas y niños en el núcleo de sus familias son prácticas que laceran la salud de los infantes, pues asegura que más de 60 por ciento de los menores ha experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares.
Tales prácticas son comunes y recurrentes entre las familias, sin que exista una mínima prohibición expresa para que los familiares dejen de maltratar a los niños, so pena de "educarlos o corregirlos", dijo la legisladora al ser consultada sobre la principal problemática que enfrentan niñas y niños del Estado de México.
En torno al combate de este fenómeno existen diversas instancias gubernamentales que se supone castigan todo tipo de violencia hacia los niños, al menos eso se sabe en teoría.
Sin embargo, los casos de maltrato de niñas y niños van en ascenso y ninguna institución o funcionario de nivel municipal o estatal garantiza una vida libre de vejaciones, humillaciones y agresiones físicas o sicológicas en la niñez.
Por otra parte, el abandono de menores ha potenciado en los últimos años un incremento en el número de niños de la calle que encuentran un "hogar" en los bajo puentes y un sitio socorrido para "trabajar" en los cruceros, con el agregado de caer en las garras de la drogadicción o de la delincuencia.
En un análisis realizado por el Instituto de Estudios Legislativos en 2018, con información de la Universidad Autónoma del Estado de México, se advierte que el mayor número de niños en situación de calle sobrevive con "trabajos informales" de alto riesgo.
Estos infantes se exponen a jornadas con demasiadas horas, por lo que su esperanza de vida se reduce dramáticamente a sólo 25 años, si es que en medio de los peligros logran sobrevivir. En torno a este fenómeno, las cifras de niños de la calle varían entre las diversas instituciones que han analizado el tema.
El propio Instituto de Estudios Legislativos, basado en información de la máxima casa de estudios, refiere que cuando menos hay un cuarto de millones de menores que deambulan por las calles, quienes en el mejor de los caso terminan como vendedores ambulantes o ayudantes de algún oficio, pero el grueso de estos infantes tiene un futuro incierto.
URGE PROHIBIR CASTIGOS
Al proponer de manera urgente la prohibición contra los castigos que sufren las niñas y niños en sus hogares, la presidenta de la Cámara de Diputados del Estado de México, Karina Labastida Sotelo, quien además encabeza la comisión legislativa contra los feminicidios y la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, afirmó que también es necesario cerrarle el paso al maltrato infantil que ejercen maestras y maestros en las escuelas.
Luego de hablar de la iniciativa en la materia que presentó para que se reconozca y se prohíba el castigo corporal y físico contra los infantes, así como otras formas de castigos humillantes, crueles o degradantes, la diputada advirtió que las autoridades deben catalogar esas vejaciones como perjuicio y violencia hacia la niñez.
Aseveró que frente a la Convención sobre los Derechos del Niño existe un comprometió para que todos los Estados adoptaran las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los menores.
Dicha salvaguarda va contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación y abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o tutor.
Labastida Sotelo aseveró que el tema pone en relieve el hecho de que no debe existir espacio para ningún grado ni forma de violencia legalizada contra niñas, niños y adolescentes, por lo que insistió en que los castigos corporales, físicos o psicológicos que deben erradicarse.
La legisladora hizo referencia a la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México, donde se establece que las niñas y los niños más severamente maltratos son quienes tienen entre cinco y nueve años, al alcanzar un porcentaje de 7.2 por ciento de hogares violentos.
Recordó que el pasado 14 de septiembre, el Senado de la República aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal. Con ello daremos cumplimiento al Acuerdo del Senado a incorporar en la legislación local, la prohibición expresa el castigo corporal.
La iniciativa de Karina Labastida Sotelo contempla que la convivencia podrá suspenderse de acreditarse el uso del castigo corporal, del castigo humillante, así como de cualquier otro tipo de violencia ejercida sobre la niña, niño o adolescente como medida disciplinaria o de crianza o educación.
Mencionó que, en el tema educativo, el personal docente no podrá hacer uso del castigo corporal, castigo humillante o cualquier tipo de violencia en el proceso educativo de las niñas, niños y adolescentes.
Además, se establece la obligación de toda aquella persona que tenga conocimiento de una niña, niño o adolescente, víctima de castigo corporal, humillante o cualquier tipo de violencia de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.
Las personas que no podrán desempeñar la tutela serán quienes a criterio del juez no garanticen el bien material y moral de la niña, niño y adolescente.
MALTRATOS EN EL HOGAR
De acuerdo con Mauricio Hernández, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, en los resultados de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 63 por ciento de los niños y niñas de 1 a 14 años de edad fue sometido al menos a una forma de castigo psicológico o físico por algún miembro adulto del hogar.
En datos dados a conocer en la plataforma digital del Instituto Nacional de Salud Pública, el funcionario reveló que el 6 por ciento de ese universo fue sometido a un castigo físico severo.
Mauricio Hernández también se refirió a los resultados del índice de desarrollo infantil temprano, donde el 18 por ciento de los niños de 36 a 59 meses presenta desarrollo no adecuado en al menos un hito de desarrollo alfabetización-conocimientos numéricos, físico, socio-emocional o aprendizaje.
En tanto, el representante de UNICEF en México, Christian Skoog, destacó la importancia de medir todas las dimensiones que confluyen en el desarrollo de una persona; desde exposición a la violencia, el involucramiento de los cuidadores en el desarrollo, la nutrición, la salud, y el aprendizaje de los niños, porque para avanzar en la modificación de las estadísticas que se requieren mejorar, es necesario hacer mediciones integrales.
Dicha encuesta forma parte de un programa internacional de estudios y análisis en hogares que permiten estimar indicadores clave, comparables internacionalmente y estadísticamente sólidos en temas de: salud, educación, bienestar, desarrollo infantil temprano, protección infantil y discapacidad.
RESPETO A LA CONVENCIÓN.
La Convención sobre los Derechos del Niño, bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas, está vigente desde hace 30 años y es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, cuyos compromisos deben cumplir el país y sus 32 entidades federativas.
Esta Convención establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de ese segmento poblacional, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.
Por ello, el llamado de la presidenta de la Cámara de Diputados del Estado de México, Karina Labastida Sotelo, tiene que ver con el respeto a todos el marco institucional y legal de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de combatir toda expresión de violencia contra la niñez.
