En el reporte que la dependencia hizo llegar al Congreso mexiquense se estipula que “se ejercitó acción en contra de 21 inmuebles y tres vehículos por un monto aproximado de 37 millones 386 mil 76 pesos que representan un incremento del 100 por ciento en demandas presentadas, en comparación con el periodo anterior en el cual se presentaron 12 demandas”.
La Fiscalía estatal detalló que los procedimientos contra inmuebles y propiedades donde se sospecha la comisión de delitos motivaron la elaboración de 303 estudios en materia patrimonial y financiera, dichos estudios coadyuvan en la integración de los expedientes de extinción de dominio y acuerdos de abandono de bienes, así como en la investigación y persecución de los delitos de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.
De esta manera, dijo, se obtuvieron cinco sentencias favorables en las que se declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre igual número de inmuebles con un valor de 5 mil 783 millones 225 pesos.
De acuerdo con la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la extinción de dominio es el medio jurídico, mediante el cual se logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito.
Una propiedad puede ser objeto a la extinción de dominio si el dueño tuvo conocimiento de los delitos que se cometían y no lo notificó a la autoridad ni hizo algo para impedirlo.
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