El proteger a los alumnos de todos los niveles educativos de posibles catástrofes, mediante el reforzamiento de los sistemas de alerta en las escuelas en casos de sismos, es analizado por las Comisiones de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de Alcaldías del Congreso de la Ciudad de México.
Se trata de que en el artículo 90 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, se establezca una coordinación continua entre autoridades de diversos niveles para que los planteles educativos cuenten con mecanismos adecuados de aviso cuando se presente algún movimiento telúrico, además de que se encuentren en óptimas condiciones, que permita a alumnos y al personal actuar con oportunidad para ponerse a salvo.
Al respecto, al explicar la iniciativa que en ese sentido presentó y que ya es analizada por representantes populares, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del recinto de Donceles y Allende, Nazario Norberto Sánchez, estableció que el objetivo es que las alcaldías y las áreas de Protección Civil, incluida la secretaría del ramo del gobierno local, se coordinen para realizar revisiones continuas a planteles educativos públicos.
“Es necesario implementar este sistema de alerta, consolidar la prevención y gestión efectiva del riesgo, en conjunto con simulacros y la señalización reflectiva para marcar rutas de evacuación”, fundamentó en entrevista el diputado de la fracción parlamentaria de Morena.
Señaló que en el artículo 90 de la referida ley, se dejaría asentado que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la administración capitalina, en coordinación con las 16 demarcaciones territoriales, deberá supervisar de manera continua que todos los planteles educativos cuenten con una alerta sísmica y revisar que se encuentren en buen estado, además de que se instale de manera inmediata donde no se cuente con una o repararla de tener algún daño.
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Nazario Norberto enumeró los beneficios de contar con un sistema de alarma sísmica para las escuelas y universidades, como el que se den planes de prevención y gestión de desastres más efectivos, aumento de la efectividad de los protocolos de evacuación; mayor seguridad para la vida, bienes, activos e instalaciones; mejor relación costo-beneficio por la reducción de percances humanos y materiales.
Asimismo, se tendría una comunicación efectiva con centros de protección civil e incremento de la confianza de los padres, estudiantes y todo el personal de las escuelas y universidades.
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