Integrantes de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso capitalino, solicitaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, investigue de manera exhaustiva el desalojo violento que sufrieron los de la comunidad triqui el pasado 12 de junio, por parte de elementos policiacos, mientras se manifestaban en el Zócalo.
Los representantes populares hicieron un llamado a todas las autoridades de la metrópoli a conducirse con empatía y respeto, al tiempo de que se trate dignamente a una comunidad que ha sido vejada históricamente.
A solicitud de los diputados del PAN en el Poder Legislativo local, Luis Alberto Chávez García, Frida Jimena Guillén Ortiz y Christian Damián Von Roehrich De la Isla, que presentaron el punto de acuerdo, se exigió por parte del Congreso que no se repitan este tipo de hechos y se sancione a las autoridades correspondientes, en caso de haber incurrido en excesos.
Guillén Ortiz destacó que esas personas se trasladaron a la capital del país para pedir apoyo de las diferentes autoridades, luego de que fueron desplazados de su comunidad; sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada.
“En meses recientes la comunidad triqui se trasladó a la Ciudad de México para pedir apoyo desesperado ante el desplazamiento del que han sido objeto en su tierra de origen, Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, en donde por medio de golpes, amenazas y hasta homicidios les despojaron de sus tierras”, delineó.
Aludió que la pobreza ha provocado las grandes olas migratorias en México y es la capital del país el principal receptor de la comunidad indígena, toda vez que se asume que aquí pueden existir más y mejores oportunidades, o por lo menos puede proveer lo necesario para sobrevivir.
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Frida Jimena Guillén expuso que casi la mitad de los desplazados internos son indígenas y rebasan las cinco mil personas que buscan un espacio donde vivir y trabajar, preferentemente, ofreciendo su trabajo artesanal.
Dio cuenta que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que el 50 por ciento de este sector se siente discriminado, aunado a que un 30 por ciento de la población refiere haber sufrido la negación de un derecho o servicio como atención médica, entrega de medicamentos e incluso, falta de oportunidades laborales.
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