/ viernes 22 de septiembre de 2023

Urgen atender el suicidio desde la perspectiva de la salud pública

En la CDMX se registraron 450 en 2020 y 352 en 2021, mientras que en 2022 fueron 227

Las muertes por suicidio han aumentado en México de forma grave en los últimos años, al pasar de un 5.3 por ciento por cada cien mil habitantes en 2017 a 6.8 en el 2022, datos que revelan que el país atraviesa una crisis en temas de salud mental, difundió la integrante de la bancada del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios Pérez, al exponer que urge concientizar sobre los problemas y cuidados necesarios para atender oportunamente el bienestar de la población.

Por lo anterior, la diputada local priísta, mediante una iniciativa, promueve reforma y adiciones que establecer en la Ley de Salud Mental del Distrito Federal los conceptos de suicidio y posvención del suicidio.

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“Se trata de atender el problema del suicidio desde la perspectiva de la salud pública para reducir la mortalidad a través de acciones preventivas”, destacó.

En entrevista para referirse al tema la congresista del Revolucionario Institucional acotó que en la nación solamente se destina el 1.7 por ciento del presupuesto en salud para atender lo relativo a la salud mental.

Destacó que, en la Ciudad de México, el monto destinado es desconocido porque no está detallado dentro de los presupuestos, como es el caso del correspondiente al presente año en el cual se destinaron alrededor de 21 mil millones de pesos para el ejercicio anual la Secretaría de Salud (SEDESA).

Larios Pérez detalló que la iniciativa tiene origen en los casos que se han dado a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación, como los acontecidos en el Metro de la Metrópoli o en la plaza Reforma 222, que han dejado al descubierto la incapacidad institucional para reaccionar a situaciones suicidas.

Difundió que, con base a cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en los últimos años los suicidios en la capital han alcanzado cifras alarmantes. Un total de 450 en 2020 y 352 en 2021, los años más álgidos de la pandemia a causa del Covid-19, sin embargo, en 2022 la cifra también fue alta y alcanzo los 227 decesos.

Por ello refirió que el combate al suicidio requiere atención integral, ser abordado como un problema de salud pública para garantizar la prevención y la posvención, tomar acciones encaminadas a reducir los medios de suicidio y potenciar los factores de protección para fomentar la resiliencia y preservar el cuidado de la salud mental.

Consideró que con los cambios a la ley se podrán plantear estrategias integrales de atención y mecanismos transversales para atender la salud mental a través de la incorporación de la definición de suicidio como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, pudiendo culminar en quitarse deliberadamente la propia vida”.

En tanto que la posvención se establecería como “toda intervención profesional que tiene como fin reducir la carga emocional provocada por el suicidio de un familiar o ser cercano, favoreciendo el procesamiento psíquico del impacto”.

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Señaló que además de las precisiones conceptuales, la iniciativa contempla que la SEDESA deberá desarrollar acciones y programas para detectar, atender y prevenir conductas suicidas, así como estrategias para la posvención del suicidio.

Asimismo, establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la administración capitalina, deberá coordinarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para promover la capacitación del personal docente en detención y prevención del suicidio en planteles de educación básica.

Tania Larios estimó pertinente que el gobierno de la capital del país tenga la obligación de difundir, elaborar y llevar a cabo programas de salud mental, así como hacer énfasis en la necesidad inaplazable de priorizar la problemática.

Conminó a no permitir la ausencia del Estado, ni de las instituciones, cuando su papel debe ser visible y encaminado a la protección, a través de la prevención.

Reconoció que su propuesta es “tan sólo uno de los muchos pasos necesarios para hacer frente a este problema de salud pública, que, si bien es grave, es también en gran medida prevenible”.

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Las muertes por suicidio han aumentado en México de forma grave en los últimos años, al pasar de un 5.3 por ciento por cada cien mil habitantes en 2017 a 6.8 en el 2022, datos que revelan que el país atraviesa una crisis en temas de salud mental, difundió la integrante de la bancada del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios Pérez, al exponer que urge concientizar sobre los problemas y cuidados necesarios para atender oportunamente el bienestar de la población.

Por lo anterior, la diputada local priísta, mediante una iniciativa, promueve reforma y adiciones que establecer en la Ley de Salud Mental del Distrito Federal los conceptos de suicidio y posvención del suicidio.

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“Se trata de atender el problema del suicidio desde la perspectiva de la salud pública para reducir la mortalidad a través de acciones preventivas”, destacó.

En entrevista para referirse al tema la congresista del Revolucionario Institucional acotó que en la nación solamente se destina el 1.7 por ciento del presupuesto en salud para atender lo relativo a la salud mental.

Destacó que, en la Ciudad de México, el monto destinado es desconocido porque no está detallado dentro de los presupuestos, como es el caso del correspondiente al presente año en el cual se destinaron alrededor de 21 mil millones de pesos para el ejercicio anual la Secretaría de Salud (SEDESA).

Larios Pérez detalló que la iniciativa tiene origen en los casos que se han dado a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación, como los acontecidos en el Metro de la Metrópoli o en la plaza Reforma 222, que han dejado al descubierto la incapacidad institucional para reaccionar a situaciones suicidas.

Difundió que, con base a cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en los últimos años los suicidios en la capital han alcanzado cifras alarmantes. Un total de 450 en 2020 y 352 en 2021, los años más álgidos de la pandemia a causa del Covid-19, sin embargo, en 2022 la cifra también fue alta y alcanzo los 227 decesos.

Por ello refirió que el combate al suicidio requiere atención integral, ser abordado como un problema de salud pública para garantizar la prevención y la posvención, tomar acciones encaminadas a reducir los medios de suicidio y potenciar los factores de protección para fomentar la resiliencia y preservar el cuidado de la salud mental.

Consideró que con los cambios a la ley se podrán plantear estrategias integrales de atención y mecanismos transversales para atender la salud mental a través de la incorporación de la definición de suicidio como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, pudiendo culminar en quitarse deliberadamente la propia vida”.

En tanto que la posvención se establecería como “toda intervención profesional que tiene como fin reducir la carga emocional provocada por el suicidio de un familiar o ser cercano, favoreciendo el procesamiento psíquico del impacto”.

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Señaló que además de las precisiones conceptuales, la iniciativa contempla que la SEDESA deberá desarrollar acciones y programas para detectar, atender y prevenir conductas suicidas, así como estrategias para la posvención del suicidio.

Asimismo, establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la administración capitalina, deberá coordinarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para promover la capacitación del personal docente en detención y prevención del suicidio en planteles de educación básica.

Tania Larios estimó pertinente que el gobierno de la capital del país tenga la obligación de difundir, elaborar y llevar a cabo programas de salud mental, así como hacer énfasis en la necesidad inaplazable de priorizar la problemática.

Conminó a no permitir la ausencia del Estado, ni de las instituciones, cuando su papel debe ser visible y encaminado a la protección, a través de la prevención.

Reconoció que su propuesta es “tan sólo uno de los muchos pasos necesarios para hacer frente a este problema de salud pública, que, si bien es grave, es también en gran medida prevenible”.

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