El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, Max Correa Hernández, afirmó que es urgente que los gobiernos municipales y la administración de Delfina Gómez Álvarez activen el presupuesto y el fideicomiso establecido para proteger a la Sierra de Guadalupe.
Desde tribuna durante la sesión legislativa, el diputado manifestó que no se debe perder más tiempo y es necesario que entren en operación los recursos etiquetados para atender problemas de la zona montañosa que conforma la Sierra de Guadalupe.
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Esta franja geográfica es una cordillera del Valle de México, invadida por la mancha urbana, y que abarca parte de la ciudad de México en la zona norte con la alcaldía Gustavo A. Madero, pero su mayor territorio lo comparten municipios mexiquenses como Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Tultepec, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.
En todas esas localidades existen problemas particulares con la Sierra de Guadalupe, derivado del crecimiento poblacional desmedido, además de que gran parte de las laderas registran severas deforestaciones, lo que representa un grave peligro en época de lluvias porque las corrientes de agua bajan con brutal fuerza al no tener barreras naturales.
En ese sentido, Max Correa dijo que la devastación ecológica por la acción humana, aunada al cambio climático, tienen a la Sierra de Guadalupe en extremo descuido. Se pronunció por realizar acciones conjuntas con todos los gobiernos para reconstruir la región.
Expresó que se requieren sistemas de presas de gavión, que son estructuras rectangulares de malla de alambre, rellenas de piedra acomodadas cuidadosamente, las cuales tienen resistencia a la presión de agua o las corrientes de lluvia, evitando que mayores deformaciones en la zona.
El legislador detalló que las presas de gavión contienen y aminoran la fuerza con las que bajan las aguas broncas hacia zonas urbanas, pues el riesgo de inundaciones severas es latente ante el descuido y la falta de atención a los problemas de la Sierra de Guadalupe.
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Subrayó que de manera paralela se necesita implementar una nueva gestión del agua, con la participación de la ciudadanía, a través de los Consejos de Cuenca, las Contralorías Sociales y la concurrencia de los tres niveles de gobierno.
“Este ejercicio de participación ciudadana habrá de traducirse también en la gestión para la disminución de riesgos de desastre, y esto es fundamental toda vez que debemos recordar que los desastres no son naturales, sino que se construyen con las acciones de omisiones de la sociedad y de los gobiernos”, afirmó desde la tribuna del congreso estatal.
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