Tras conocerse un nuevo hecho de violencia que involucró a un adolescente con el ingreso de un arma en una escuela de la Ciudad de México, y que el mismo joven resultó herido, la Red por los Derechos de las Infancias en México externó su preocupación por el impacto que la violencia armada sigue teniendo en la niñez y adolescencia, ante la notable ausencia de una política de seguridad efectiva para prevenir estas situaciones.
La red señaló que se debe preguntar cómo están llegando armas a los hogares y a las escuelas, sin culpabilizar a las infancias que se encuentran viviendo en contextos violentos. Este suceso, aunque es un hecho aislado, “lamentablemente no es el primero que se registra en el país”.
Tania Ramírez Hernández, Directora Ejecutiva de REDIM, explicó que lo sucedido “debe hacernos reflexionar sobre los efectos que la violencia armada está teniendo en los niños, niñas y adolescentes y reiterar que es responsabilidad del Estado controlar y prevenir el ingreso de las armas, además de reconocer a la niñez como víctima en estos hechos”.
Datos obtenidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en México circulan alrededor de 15 millones de armas, de las cuales 85% ingresaron de manera ilícita y con las que se cometieron 67.4%2 de los homicidios dolosos en el país.
Ya en el Balance 2021, desde REDIM alertamos sobre los 728 homicidios de niñas, niños y adolescentes que ocurrieron con armas de fuego el año pasado.
La Directora Ejecutiva exhortó a las autoridades a evitar la criminalización y discriminación de niños, niñas y adolescentes, y en pleno proceso de desarrollo, que pueda conllevar a intentar aplicar respuestas reactivas con modelos policiacos.
Dudan implementar de nuevo “Mochila Segura”
Pues, agregó, que las infancias no son el peligro; por el contrario, es la niñez la que está cada vez en mayor en riesgo.
Tal como se ha establecido en el pasado mediante el programa “Mochila Segura” que, recordemos, ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, debido a la ausencia de un marco legal que lo sustente.
Recordó que el programa que viola lo establecido en el artículo 14 y 16 constitucional, es también violatorio de los derechos humanos de las infancias y adolescencias, incluyendo la intimidad y la privacidad, pues presupone que las personas jóvenes van a cometer algún delito.
Además, no resuelve la raíz del problema de seguridad y violencia que hoy padece México.
Pidió a los líderes políticos no usar esta situación como discurso punitivo o criminalizante hacia las infancias y adolescencias y aportar con voluntad y trabajo para la prevención, en vez de destinar recursos públicos y políticos en la militarización del país como respuesta a la violencia armada.
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¿Cómo llegan armas a hogares?
Niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de la grave crisis que en materia de derechos humanos se vive en un país sometido a un conflicto armado no reconocido por el Estado, ni sus autoridades, pero que ha incrementado la presencia de armas en el territorio nacional.
Las autoridades deben tener claro que no se puede disociar la atención de la violencia que se está viviendo en los últimos años, ni responsabilizar a la niñez y/o a las familias.
Ramírez Hernández indicó que las instituciones y autoridades, incluidas las educativas y escolares deben adoptar medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de las infancias respetando sus derechos.
En este trabajo de política pública es esencial la participación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y su COMPREVNNA (Comisión para poner fin a toda forma de violencia) para la activación de protocolos de detección de alertas tempranas y para la articulación de todas las instituciones del Estado mexicano en la atención de la violencia que viven niñas y niños en el país.
La REDIM llamó a las autoridades sobre la urgencia de que el Estado trabaje en la prevención e implementación de una estrategia para la construcción y promoción de una cultura de paz en las escuelas y en todo el territorio nacional.
Se trata no sólo de hablar sobre estos temas, sino de transformar las condiciones materiales en las que vivimos y aportar herramientas bajo un modelo educativo que establezca cómo se gestiona la paz y la resolución de conflictos y en el que se incluyan a niños, niñas, adolescentes, familias y personal docente, con el fin de construir ciudadanía sin violencia.
Instó a las autoridades a atender y a cumplir con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, quien estableció desde hace 11 años una revisión de la estrategia de seguridad que ha generado la actual militarización y aumento de la violencia en el país.
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