Luego de reconocer que la Ciudad de México se ha convertido en un referente en el respeto y defensa de los derechos de las mujeres, como es el de decidir libremente sobre su cuerpo, lo que implica se lleve a cabo una interrupción responsable del embarazo, la activista, penalista y líder de la colectiva Dignas y Unidas Ganaremos, Norma Romero Cortés, pugnó por eliminar barreras legales que todavía existen.
Ante lo que se ha logrado en la capital del país y la aprobación de la despenalización del aborto en Puebla, dijo que no debe frenarse el trabajo y, por el contrario, actuar en diversas líneas, como es el que se modifiquen los códigos penales estatales y la legislación federal para despenalizar completamente el aborto, con la eliminación de cualquier tipo de sanción penal para quienes decidan interrumpir su embarazo.
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Señaló que es preciso avanzar como se ha hecho en la Ciudad de México y algunos estados, para asegurar en todo el país un aborto digno y seguro para todas las mujeres que así lo requieran, al exponer que solamente en 14 entidades del país se han modificados los códigos penales en esta materia.
Romero Cortés declaró: “asegurar que la Constitución Mexicana reconozca al aborto como un derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes, protegiendo su autonomía y que el Estado brinde un mejor acceso a servicios de salud seguros y gratuitos desde una perspectiva de salud sexual y reproductiva”.
Consideró que, además, se requiere crear nuevas campañas informativas para sensibilizar y eliminar estigmas, para desmitificar la interrupción del embarazo y así fomentar la creación de redes de acompañamiento de apoyo emocional y psicológico antes, durante y después del procedimiento.
“Estas propuestas buscan no solo garantizar el acceso al aborto seguro y digno, sino también proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en México y en Puebla contribuyendo así a una sociedad más justa e igualitaria”, señaló.
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La activista se pronunció a favor de que los servicios públicos sean accesibles, especialmente en aquellas áreas rurales y comunidades marginadas que hay en todo el país.
Se mostró a favor de capacitar al personal médico y de enfermería y demás personal de salud en procedimientos seguros de aborto, así como en el manejo de complicaciones y en la atención postaborto.
Dijo que, mientras tanto, se tiene que dotar a las clínicas y hospitales públicos de los insumos y equipos necesarios para realizar abortos seguros e implementar programas de educación sexual en todos los niveles educativos.
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