Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), no han arrojado los resultados esperados a más de una década de su creación, informó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), al presentar el estudio Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados, que analiza el desempeño de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), creadas para combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en las entidades federativas.
En una conferencia de prensa virtual, Francisco Rivas, director del ONC, destacó que la ausencia de resultados obedece a que hay serios problemas de diseño, implementación y evaluación de esta política pública que ha sido fuertemente impulsada desde 2018, al grado de ser un componente de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Estrategia Nacional Antilavado del actual gobierno federal.
El especialista refirió que, si aún se intenta lograr que las UIPE combatan las estructuras económicas y patrimoniales de la delincuencia, la ruta será muy larga y se deberá subsanar los problemas de diseño, fallas de implementación y fomentar la evaluación continua de esta política. Sin estos ajustes, sentenció, no habrá resultados.
A veces dijo, es difícil determinar si las unidades existen y son operativas. Por lo que resaltó que no fue posible conocer la cantidad de funcionarios públicos que trabajan en estas unidades a pesar de que las UIPE están adscritas en las fiscalías y procuradurías, en las secretarías de finanzas o hacienda o en las secretarías de seguridad estatales.
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Problemas en el origen del proyecto
Bajo esta perspectiva el ONC identificó diversos problemas de origen en el diseño debido a que partió de la solución y no del problema, el diagnóstico fue incorrecto, ya que se justificó su creación en función de beneficios potenciales sin evidencia.
Rivas citó que aun cuando el diseño de esta política considera como primordiales los indicadores de incidencia delictiva para definir el modelo de UIPE que convendría a cada entidad, en la realidad no hay evidencia contundente que demuestre que así se han definido. Además, el modelo propuesto por la UIF requiere adecuaciones según la institución donde esté adscrita cada unidad.
En cuanto a la implementación, el estudio señala que la creación o en su caso el fortalecimiento de las 32 UIPE ha sido un proceso disparejo y diferenciado que requirió recopilar y sistematizar información a partir del cruce de documentos oficiales, respuestas a solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como fuentes abiertas.
A pesar de que, en teoría, las unidades ya cuentan con 4 años de desempeño institucional o de operación formal, Francisco Rivas enfatizó que estamos muy lejos de saber el impacto de estas unidades, ya que todavía hay pendientes severos de implementación.
Uno de estos pendientes es el reclutamiento de personal. El ONC encontró que el total del personal va desde una sola persona (Baja California Sur) hasta 15 personas (Ciudad de México). Las UIPE que operan en la actualidad se encuentran dentro del primer y segundo modelo propuestos por la UIF, es decir, las de menor tamaño.
Falta capacitación en el personal
Otro pendiente es la capacitación del personal, ya que según la investigación solo el personal de 11 UIPE ha recibido al menos un curso de capacitación. En total se identificaron 105 cursos, pero el 70% de estos ha sido sobre temas ajenos a la función central de las unidades.
El reporte da cuenta que el financiamiento de las unidades es principalmente a partir del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Apenas en 2022, los Convenios del FASP con las entidades federativas muestran que se destinaron 26.06 millones de pesos a estas unidades. De ese monto, 24.15 millones de pesos se originaron de aportaciones federales (92.6%) y 1.92 millones de pesos por aportaciones estatales (7.4%). El informe destaca que entre 2021 y 2022 los recursos del FASP destinados a la creación o fortalecimiento de UIPE disminuyeron más de 55% en términos reales.
Rivas confirmó que la poca información sobre las acciones de las UIPE en relación con la investigación de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita muestra que los resultados son escasos. Por ejemplo, en 2022 identificó que la unidad de Guanajuato cuenta con 42 carpetas de investigación; Querétaro con 30 de las cuales 8 se judicializaron; Tlaxcala con 2 y Baja California con 2 en materia de extinción de dominio.
El informe también criticó la falta de transparencia por parte de las unidades y de las instituciones en las que están adscritas.
Únicamente 9 UIPE contestaron en su totalidad las preguntas planteadas por el ONC: Baja California Sur, Durango, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.
Mención especial merecen Baja California Sur y Quintana Roo que pese a contar con una unidad unipersonal, mostraron apertura institucional para dar a conocer algunos procesos de generación de información y vinculación de autoridades, información fundamental para caracterizar sus labores. Del mismo modo, Tlaxcala y Zacatecas respondieron a detalle las preguntas planteadas por el ONC, pese a que sus UIPE son de reciente creación.
Se reservaron la información
El director del Observatorio Nacional Ciudadano lamentó que las UIPE de Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Tabasco hayan reservado gran parte de la información solicitada habiendo otras que respondieron sin impedimento alguno.
El estudio señala que las labores de la UIF en la conducción y supervisión de esta política han sido insuficientes. Aunque existe una coordinación encargada de este tema, los indicadores que utiliza para monitorear la implementación no miden el desempeño de las UIPE ni verifican aspectos sustantivos de sus actividades. Rivas destacó que, durante la actual gestión de la UIF, se desconoce si ya se puso en funcionamiento la plataforma de la Red Nacional de UIPE, facultad exclusiva de la UIF.
El documento alerta que el Estado mexicano ha perseverado sin éxito en esta política por más de una década. Por ende, el ONC considera que no se debe insistir en el fortalecimiento y creación de las UIPE bajo el mismo planteamiento de política pública.
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