La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) denunció que los trabajadores agrícolas enfrentan el riesgo de contagio y fallecimientos por Covid-19 entre sus familias en los campos de cultivo en México.
Pues observó que entre los meses de junio a agosto de 2020 se registraron 11 casos positivos en Sonora; en Meoqui, Chihuahua la Secretaría de Salud estatal reportó un brote de Covid- 19 que infectó a 27 jornaleros agrícolas, y uno falleció.
La REJJA con presencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, observan con preocupación que en el contexto de la pandemia del Covid-19, las jornaleras agrícolas y sus familias, se han enfrentado a una serie de situaciones que han vulnerado aún más sus derechos y disminuido sus garantías.
Ello a pesar de que, en abril del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró y compartió la “Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas”, así como la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el Covid-19”, y de las medidas enunciadas en las distintas fases de la pandemia, entre ellas las jornadas para la vacunación.
Describió que en Fresnillo, Zacatecas una mujer jornalera falleció; mientras que, en Vizcaíno, Baja California Sur se reportó un brote que se extendió a 3 campos, sumando aproximadamente 35 contagios en esa zona agrícola.
En ese periodo las autoridades de Zacatecas reportaron que alrededor de tres mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se encontraban en alto riesgo de infección debido al hacinamiento en el que viven concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas, incluso familias enteras.
En Aguascalientes, una bebé de tres meses falleció por Covid, era originaria del poblado Barrio de los Hilarios, municipio de Cochoapa el Grande, la Montaña Alta de Guerrero.
En octubre del 2020, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se identificó un brote de Covid en la localidad de San Carlos “El Jagüey”, municipio de Romita.
Esta realidad ha persistido en 2021, en julio se detectaron tres brotes de Covid-19 en la población jornalera, el primero de ellos aconteció en El Carrizal, Baja California Sur, de acuerdo con el delegado, los 30 contagios que se registraron “fueron provocados por los jornaleros que vienen de fuera a trabajar a los campos”.
El segundo se registró en el albergue para familias jornaleras que se ubica en la sindicatura de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, se desconoce el número exacto de las jornaleras contagiadas; el tercer brote sucedió en los campos meloneros de Zirándaro, Guerrero, registrando 13 casos.
En agosto, en Río Florido, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, falleció una mujer jornalera de 32 años, una semana después una niña de un año y dos meses, después un hombre de 38 años, ambos originarios del estado de Guerrero.
Empero, las cifras y los casos pueden ser numéricamente más elevados, debido por un lado, a que no toda la población jornalera que ha padecido de coronavirus o que han fallecido, lo reportan a la autoridad correspondiente, muchos de ellos al no tener acceso al sistema de salud, asumen por su cuenta los gastos de la enfermedad, y en caso de fallecimiento la cobertura de los gastos funerarios, por otro lado, debido a la posible ausencia de brigadas de salud que permiten dar información sobre Covid-19 no es posible detectar a tiempo casos positivos, a fin de dar un adecuado tratamiento en las comunidades de origen y en la regiones identificadas de destino y asentamiento de jornaleras.
Los casos aquí descritos no son parte de cifras oficiales por instancias estatales o a nivel federal (no hay información al respecto) sino de los casos registrados por la Red.
Los medios de transporte utilizados para los traslados a los campos agrícolas, de sus condiciones laborales y de vida en los albergues, lugares de pernocta o de asentamiento de trabajo agrícola (así como en sus lugares de origen), que los exponen constantemente a contraer el virus.
Asimismo, los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales siguen siendo insuficientes o limitados, y el acceso a su derecho al seguro social es nulo.
Lo anterior se suma a la nula o escasa implementación de los protocolos de prevención emitidos por las autoridades federales y organismos internacionales el año pasado.
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Preocupa a la Red particularmente la situación de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras con discapacidad, especialmente de contextos rurales e indígenas, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.
La Red hizo un llamado urgente a las autoridades competentes a nivel municipal, estatal y federal, a las y los empleadores de los distintos centros de trabajo agrícola en territorio nacional, que en conjunto garanticen la información y el acceso a la salud y tratamiento médico.
Exhortó a las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos en los estados de origen, destino y asentamiento de población Jornalera y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se vigilen, garanticen y protejan a las personas jornaleras agrícolas y sus familias, sujetas de derecho y se garantice el acceso al trabajo, vida y salud, sean migrantes, trabajadores locales o vivan en asentamientos.
La Red urge al Estado mexicano a adecuar sus medidas de protección ante la pandemia a fin de garantizar el acceso efectivo a los procedimientos y procesos de protección a la salud, de conformidad con los estándares de derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad humana.
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