Prácticamente por debajo del agua diputados locales metieron un transitorio en las modificaciones que se le hicieron a la Constitución Política de la Ciudad de México, durante el periodo extraordinario de sesiones que se llevó a cabo el miércoles en el Congreso capitalino, a fin de aplazar hasta el 2030 la entrada en vigor de la denominada Ley 3 de 3, dirigida a impedir que personas sentenciadas por delitos sexuales o deudores alimentarios sean candidatos o servidores públicos.
El pleno del recinto de Donceles y Allende, en lo que fue la última sesión de la II Legislatura, decidió incorporar en el texto constitucional estrategias de prevención y reparación para las víctimas de la violencia en contra de las mujeres y niñas por cuestión de género, mediante un párrafo segundo al apartado C, del artículo 11, además de la reforma al artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México de fecha 5 de febrero de 2017.
Las reformas de la Ley 3 de 3 estaban previstas entraran en vigor el 31 de agosto de este año, pero con la modificación aprobada al Artículo Tercero Transitorio de la Constitución capitalina, será hasta el 1 de enero de 2030 cuando se aplique.
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Resulta que fue la vicecoordinadora de la bancada del PRD, diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien denunció lo que denominó trampa que escondieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública, al aprobar el pleno del Congreso local reformas el artículo 3 transitorio de la Constitución capitalina, “porque protege a deudores alimentarios que laboran en el Gobierno local”.
En sus reservas que el pleno bajó de último momento, la perredista señaló que dicha propuesta, “echa abajo la vigencia del artículo 10, apartado C, de la Constitución local, que tiene que ver no sólo con las relaciones laborales de las instituciones públicas con los trabajadores, como pretende hacer creer, sino que echa abajo el impedimento para que agresores ocupen cargos en el servicio público durante los próximos seis años”.
Detalló que el texto original de dicho artículo, establece que esta medida de impedimento a que deudores alimentarios ocupen cargos públicos por el citado lapso, entraría en vigor el día último de este mes, “pero el dictamen que presentan dichas Comisiones, establece que ese castigo entre en vigor hasta el 1 de enero del 2030; es decir, casi al final del siguiente sexenio”.
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Y cuestionó: “cuál es la agenda oculta para proponer que todo lo que tenga que ver con relaciones laborales se difiera hasta el año 2030, a quién intentan proteger, para que a pesar de haber sido sentenciado por violencia de género o por ser deudor alimentario, pueda ocupar un cargo en el gobierno. Esta no es una decisión que deba ser apoyar por línea partidaria o gubernamental, debemos mantenernos unidas en sororidad ante esta decisión que pretenden imponernos”.
Pidió, por lo anterior, el apoyo de los diputados, quienes el 23 de noviembre pasado acompañaron la reforma constitucional de la llamada Ley 3 de 3, “cuando nos congratulamos con organizaciones sociales y colectivos que combaten la violencia contra las mujeres”.
Salvo la queja de Sierra Bárcena, la aprobación de la norma pasó de noche por la mayoría de los congresistas, porque se votó en conjunto con modificaciones al Artículo 11 constitucional para garantizar que las mujeres y niñas en situación de violencia puedan acudir a un refugio o casa de emergencia con los apoyos sociales, económicos, psicológicos y jurídicos para mantenerse a salvo.
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Las modificaciones se efectuaron con el objetivo de fortalecer el marco normativo y obligar a las autoridades competentes a robustecer y procurar los recursos necesarios para prestar servicios de calidad y salvaguardar a las mujeres y menores de edad, así como ofrecerles opciones para salir de la situación de violencia.
Al fundamentar el dictamen aprobado a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho, sostuvo que con la reforma se atiende la necesidad de apoyo para las mujeres capitalinas.
El morenista se centró en los beneficios de proteger a las mujeres víctimas de violencia y omitió decir que también se votaría aplazar la 3 de 3. “Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021 41 por ciento de las mujeres de 15 años y más manifestaron haber vivido una situación de violencia en su infancia, mientras que, en el año 2022 de acuerdo con datos de las fiscalías generales de justicia estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió cuatro veces más en niñas que en niños de esta edad con 4 mil 197 y 884 casos, respectivamente”, refirió.
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Polimnia Romana Sierra detalló que con se trataba de consolidar una reforma para que “nunca más una persona pudiera ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, si es sentenciada por la comisión intencional de delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales; por delitos de violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género o que estuviera en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
Sin embargo, el dictamen que se presentó ante el pleno del Poder Legislativo local, “incluye la modificación a un transitorio para ocultar un hecho y obtener algo que de otro modo no se conseguiría;: irónicamente, proponen exactamente lo contrario, que es proteger a las mujeres y niñas contra la violencia económica, sexual, psicológica y jurídica, que algunos ejercen con la protección del poder de un cargo público”.
Insistente declaró: “vamos en verdad a permitir esta regresión a lo que muchas de nosotras impulsamos. Diputadas y diputados integrantes de dichas Comisiones Unidas, sabemos que no fue explicado en la sesión por qué se proponía incluir en el dictamen la reforma al transitorio. Debemos evitar que lleguen a ocupar cargos o empleos, quienes, en lo personal, en lo privado, han actuado con violencia, con inmoralidad o con indiferencia ante la carencia de sus hijos e hijas”.
Exigió a los presentes, “no demos un paso atrás en lo ya logrado. 3 de 3, ningún agresor al poder”.
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Martínez Urincho, en su exposición, mencionó que el 33 por ciento de niñas y adolescentes de 12 a 17 años que usaron Internet o celular entre julio de 2021 y agosto de 2022, recibió fotos o videos de contenido sexual y al 32 por ciento les hicieron insinuaciones de este tipo, frente al 18 por ciento y 12 por ciento, respectivamente, de niños y adolescentes hombres.
En tanto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha señalado en múltiples ocasiones su preocupación sobre los niveles de violencia que viven las niñas y mujeres en nuestro país, por lo que ha formulado recomendaciones específicas para garantizar sus derechos, agregó.
El coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, diputado Javier Ramos Franco, propuso contar con más y mejores refugios para mujeres víctimas de violencia en todas las alcaldías de la Ciudad de México y que se considere el acceso con sus animales de compañía, quienes en ocasiones son los primeros en recibir los actos violentos.
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Polimnia Romana Sierra Bárcena le recordó al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, el panista Diego Garrido López, que él fue quien presentó en noviembre pasado el dictamen de la Ley 3 de 3, para que no llegara ningún agresor al poder.
“Diputadas y Diputadas que ocuparon esta tribuna para razonar su voto a favor de esa reforma: Martha Ávila, Gabriela Quiroga, Elizabeth Mateos, Mónica Fernández, Jorge Gaviño, Temístocles Villanueva, Royffid Torres, Alicia Medina, Nancy Núñez y Xóchitl Bravo, les pido una breve pausa para revisar y reflexionar los alcances de la modificación de ese transitorio que se pretende aprobar hoy”, sostuvo en las reservas a dicho artículo, las cuales fueron bajadas de último momento por decisión de la Mesa Directiva que preside la panista Gabriela Salido Magos.
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