La encuesta del INEGI señala que de las más de 4.9 millones de extorsiones que se hicieron en el año de referencia (2021) sólo se denunciaron 246 mil, es decir, apenas el 5% del total y a decir del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es consecuencia del “atraso normativo que no reconoce la evolución de la extorsión en términos de los bienes jurídicos afectados, las modalidades vigentes y la heterogeneidad de los sujetos activos”
Además, hay nuevos fenómenos emergentes como es el caso de las sextorsiones o el auge del ransomware, ambos casos ameritan mayor estudio y prioridad en la agenda de las políticas públicas, de entrada, lo importante es alentar la denuncia ciudadana, pero sin resultados por parte de las autoridades sólo se generará un círculo vicioso de desconfianza e impunidad.
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Para las víctimas, las autoridades deben ganarse su confianza. Se requiere proactividad en su respuesta porque en los territorios afectados por extorsiones muchas están vinculadas con homicidios o con múltiples.
“La extorsión se ha vuelto un delito tan ubicuo y complejo que tratar de clasificarlo a partir de su medio comisivo no abona al diseño e implementación de políticas públicas. Florece allí donde hay oportunidad pues los riesgos son mínimos y los beneficios, ilimitados”, más aún, es un delito que está vinculado a las bandas de crimen organizado que se van apropiando de diversas regiones y es un delito con una alta tasa de impunidad.
Las encuestas señalan que son los pequeños y medianos negocios, las tienditas, peluquerías, tortillerías, por ejemplo, los más atacados por la extorsión.
“El atraso normativo, la baja denuncia y las capacidades institucionales rebasadas constituyen la fórmula perfecta para la impunidad. Cuando existe denuncia, toda la carga del proceso penal está sobre la víctima quien se encuentra bajo amenaza”.
El estudio del ONC “Extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades, pocas políticas públicas”, critica a las capacidades institucionales que apuestan sólo a medidas policiacas
“No existe una única estrategia anti extorsión que funcione para todas las modalidades y contextos. Los instrumentos de medición y acervos públicos de información sobre extorsión resultan insuficientes para caracterizar aspectos clave como la relación entre víctimas y victimarios, los daños materiales e inmateriales, delitos conexos o relacionados, guiones criminales, entre otros. Las diversas manifestaciones de la extorsión dan cuenta de un problema creciente y dinámico con consecuencias severas en la seguridad humana.
Según las conclusiones del ONC se requiere perfeccionar el tipo penal de extorsión y establecerlo en cada entidad federativa y en el Código Penal Federal, de esta manera se puede crear una ley general en materia de extorsión que sirva como marco básico para investigar este delito y señalar criterios básicos de atención y reparación.
Hay que “establecer un protocolo de actuación en materia de extorsión, fundamentado en esa ley general para establecer lineamientos y criterios básicos para atender la diversidad de expresiones delictivas relacionadas con este delito”.
En ese sentido, lo importante es utilizar con cautela las áreas especializadas en delitos diferentes de la extorsión, se requiere capacitación, generar y diseminar tipologías financieras de las extorsiones con fines preventivos y de investigación.
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Capacitar personal de instituciones financieras como transmisoras de dinero y bancos que se utilizan para las extorsiones e implementar investigaciones con enfoque de inteligencia víctimas de una región o sector económico. Evitar el sesgo de las políticas públicas y líneas de acción, medir el daño social ocasionado y no sólo su frecuencia, crear fuentes de información accesibles que complementen las estadísticas oficiales para optimizar el diseño de políticas públicas y la investigación social.
Necesitamos identificar tipologías útiles para contar con más y mejores políticas públicas para atender la extorsión, para ello es fundamental documentar y sistematizar la información de lo que cada uno de nosotros ha experimentado con este delito.
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