El Consejo de la Judicatura Federal fue conminado por el Congreso de la Ciudad de México a iniciar los procedimientos de investigación para determinar las responsabilidades y sanciones a las personas servidoras públicas referidas en el artículo 86 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en contra del juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas y de la jueza quinta de distrito en Morelos.

La solicitud que hace el Poder Legislativo local es en virtud de que se transgredió la esfera de competencia que les corresponde y vulnerar el principio constitucional de la división de poderes consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, los congresistas de la metrópoli solicitaron a la institución federal realizar los procedimientos contenidos en el artículo 113 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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Esa medida se requiere en contra del grupo de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que transgreden el derecho humano de acceso pleno a la impartición de justicia, al impedir el ejercicio de las partes en los procedimientos judiciales, al abandonar la residencia de los tribunales y juzgados a los que se adscriben, dejando de desempeñar sus funciones.

La diputada local de Morena, Valeria Cruz Flores, al presentar la herramienta legislativa, señaló que la proposición atiende a la actuación ilegal de las personas jueces, que han excedido sus facultades para impedir la discusión de la reforma al Poder Judicial, lo cual es parte de los derechos y responsabilidades de las y los legisladores que son representantes de la voluntad de una ciudadanía.

Al posicionar en contra del punto de acuerdo, la diputada del PAN Claudia Susana Pérez Romero aseguró que la solicitud compromete la correcta impartición de justicia, agrede la autonomía que el Poder Judicial debería ostentar y busca dañar a jueces y juezas que defienden su postura ante la perspectiva que se vive por la discusión de la reforma judicial.

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Po su parte, al exponer que lo solicitado es que se respete la Carta Magna ante una actuación inédita de los jueces, el congresista de Morena Paulo Emilio García González expresó que detener la discusión en el Congreso de la Unión es una afrenta a la división de poderes, por lo que deben aplicarse las medidas establecidas en el reglamento disciplinario correspondiente.

El legislador del PVEM Manuel Talayero Pariente intervino por hechos y refirió que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su capítulo 2 del título IV, al determinar las funciones de los Juzgados de Distrito, no menciona que tengan la atribución para impedir a los titulares de los otros poderes de la Unión cumplir con sus mandamientos constitucionales, sino trabajar para proteger y velar por la legalidad de las autoridades, que es lo que han realizado estos servidores públicos.

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Por el mismo motivo, el congresista Gerardo Villanueva Albarrán, de la asociación parlamentaria Progresista de la Transformación, resaltó la importancia de implementar el Tribunal de Disciplina Judicial y visibilizar que un grupo de servidores públicos del Poder Judicial están haciendo vacío a la impartición de justicia y generando un ambiente de terrorismo administrativo.

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