Ciudad de México.- Los derechos indígenas se encuentran contenidos en diversos instrumentos nacionales e internacionales, pero el de consulta les permitirá formar parte de las decisiones del gobierno, porque si las medidas les afectan deben ser cuestionados sobre si están de acuerdo, quieren dar una opinión o que el proyecto sea modificado.
Resulta que con la Ley de Consulta Previa a Comunidades Indígenas y Afromexicanas el Estado resarcirá una deuda histórica y, al respecto, hay voluntad política y compromiso moral para legislar en favor de sus derechos.
Esa legislación resultará una herramienta útil para que las etnias puedan defenderse, mientras que las propuestas de los pueblos autóctonos se incluirán para enriquecer el marco jurídico.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, la morenista Irma Juan Carlos, aseguró que es prioritario escuchar las necesidades, recoger las aportaciones de este sector y que, “los hermanos indígenas nos acompañen en todo este proceso”.
Por ello, se han llevado a cabo varios foros de consulta al proyecto de decreto para dictaminar la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
En ese marco se reconoció que jamás a los indígenas se les había consultado para legislar o sobre los megaproyectos que hoy afectan su territorio. El único espíritu es que participen en el proceso de desarrollo.
Caleb Suarez José, representante indígena ante el Ayuntamiento de Jocotitlán, en el Estado de México, consideró importante esta apertura a pueblos indígenas por parte de la Cámara de Diputados para ser partícipes en las creaciones y modificaciones de ley. Que se les siga incluyendo en estos procesos, pues como pueblos originarios y afroamericanos somos parte de estas decisiones.
“Los diferentes actores debemos hacer equipo y acatar las disposiciones a la brevedad de lo que resulte de estos eventos. Aprovechemos este momento para sumar y no dividir, dejemos de lado el egoísmo y el protagonismo que tanto daño ha hecho a los pueblos indígenas. Nunca más un México sin nosotros”, declaró.
Para el coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Juan Carlos Martínez Martínez, el derecho a la consulta libre, previa e informada ha avanzado y ha sido muy importante en la lucha de los pueblos indígenas. “Nuestro país no tiene una legislación a la altura de los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta, por eso era una urgencia y demanda muy sentida de los pueblos tener una ley que esté en armonía”.
Externó que una ley de consulta dará certeza a los pueblos indígenas, a los derechos que tienen sobre sus territorios, a defender su cultura y su forma de organización, pero también es importante para las instituciones del Estado porque tendrán más claridad en cómo hacer las cosas sin pasar por encima de los derechos de estos pueblos.
Óscar Banda González, representante de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, hizo un llamado de atención sobre la importancia de este tema, ya que los pueblos originarios reclaman un diálogo con el Estado donde sus opiniones y propuestas sean incluidas.
Fue el director de Participación y Consulta Indígena del INPI, Iván Ramos Méndez, quien expuso que actualmente no se cuenta con una legislación que regule el procedimiento de consulta. Sólo tres entidades cuentan con esto, lo que implica un reto sustancial para armonizar y poder aterrizar en una legislación general.
“No se puede llevar a la mesa legislativa sin antes conocer las preocupaciones y propuestas. Se buscará prevenir imposiciones del Estado mexicano, además implica reconocer un diálogo constructivo y horizontal que determinen el mecanismo de diálogo”, aludió.
Ese marco tiene como base un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha pedido a la actual LXIV Legislatura del recinto deliberativo de San Lázaro emita la ley.
A su vez, el encargado de la coordinación general de Delegaciones y Concertación del INPI, Guillermo May Correa, consideró que este nuevo marco jurídico consolidará a los pueblos originarios como sujetos de derecho, para crear estas nuevas voluntades que alienten la participación de las comunidades en los espacios legales y derechos colectivos, sustentados en un interés fundamental hacia la nueva visión del país.
La postura de especialistas es que los pueblos originarios necesitan analizar y reflexionar en torno a esa ley general, para que con base en sus ideas se enriquezca la iniciativa.
El derecho de consulta es lo que se quiere reforzar en la propuesta de ley, al no estar íntegramente reconocido en la Constitución Política.
Resulta fundamental expedir un marco jurídico de consulta que reconozca y promueva el respeto y el ejercicio del mismo por parte de los pueblos indígenas y afromexicanos, para que sean sujetos de un derecho público.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, el morenista Gonzalo Herrera Pérez, refirió que los encuentros que se han tenido obedecen a que la ley ha sido un reclamo de los pueblos originarios por mucho tiempo.
“El objetivo es llegar a un acuerdo entre las partes interesadas, lo que se someterá a discusión y aprobación del Poder Legislativo, con atención a los objetivos secundarios y, sin dejar de atender todas las propuestas”.
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Ha quedado asentado que el documento que se analiza no es definitivo, sino para que las comunidades indígenas y afromexicanas emitan sus opiniones y preocupaciones. “Aunque la consulta en México es un deber del Estado, no está reglamentada como aquí se propone”, aclaró el legislador de Morena.
Se busca establecer en qué términos debe darse la participación, los objetivos y etapas de la consulta, sus modalidades, quién debe ser el órgano garante, entre otras.
A decir de la diputada Irma Juan Carlos, el espíritu de esta iniciativa es que el Estado mexicano cumpla con una deuda histórica que tiene con los pueblos autóctonos. “Hoy más que nunca es primordial la consulta indígena, hay toda la voluntad política y el compromiso moral para legislar en favor de sus derechos y sus comunidades”.
Hizo notar que pese a la pandemia provocada por el Covid-19, “cumplimos no solamente con un mandato de la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso emita esta ley, sino con un compromiso con las comunidades originarias para garantizar la consulta previa, libre e informada”.
La propuesta conjunta siete iniciativas presentadas por representantes populares de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, a fin de crear la ley. Ante ello, las comisiones unidas de Pueblos Indígenas, Justicia y de Gobernación y Población de San Lázaro, han elaborado un documento base que se pone a consideración de quienes conforman los pueblos originarios.
Una disposición que se ha mostrado en la Cámara de Diputados, es el dejar atrás la etapa en que se hacían leyes desde el escritorio y que, todas las iniciativas que pueden impactar a las comunidades se consulten, por lo que es vital escuchar a los 68 pueblos indígenas del país y a la comunidad afromexicana.
Se hizo el compromiso de efectuar un parlamento abierto, además de los foros y que, exista tiempo suficiente para revisar las observaciones de los pueblos originarios.
El diputado de Morena, Manuel Torres Hernández, destacó la importancia de la consulta previa, libre e informada, para que todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país aporten ideas y opinen sobre su derecho de consulta, porque han estado ignorados y condenados, de ahí lo fundamental que resulta escucharlos.
Es preciso reconocer a mujeres y hombres indígenas, a través de esa iniciativa, como pilares de la cultura, tradiciones e historia, además de la lucha que emprenden diariamente para salir adelante.
Continuará el ejercicio de escuchar y hacer partícipes a los 68 pueblos autóctonos en diversos foros, con el propósito de garantizar la defensa de sus territorios, en un marco de certidumbre y de respeto a sus usos y costumbres.
A decir de Irma Juan Carlos, hay un nuevo régimen de gobierno que toma en cuenta a ese sector, por lo que los integrantes de las comunidades aún tienen tiempo para analizar el texto y hacer llegar sus observaciones y comentarios.
“Es una revisión sobre el texto que se propone, estoy de acuerdo que hay muchas necesidades y las recogemos como lo hemos hecho en otras reuniones de trabajo, pero la actividad fundamental que realizaremos las comisiones unidas, es analizar lo que los indígenas han observado de la iniciativa de ley”, expuso.
Se han tenido reuniones de trabajo con expertos de organismos de Derechos Humanos y abogados indígenas, que coinciden en que la ley es necesaria y existen las condiciones políticas para que el Estado mexicano salde la deuda que tiene con las comunidades.
Una queja recurrente en el Congreso de la Unión, es que nunca se legisla a favor de la gente y de los pueblos, que no se les consulta; por ello, ahora se les pregunta, porque no se quiere imponer un texto y, ex primordial crear una base para la discusión y enriquecer el documento con las aportaciones que hagan.
Diputados federales calificaron como un ejercicio positivo, el abrir espacios para que se exprese el sentir de los pueblos originarios y escuchar sus propuestas, a fin de que se reconozcan sus derechos en futuras leyes.
De esa manera, se harán las leyes en conjunto; los legisladores crearán lo que crean pertinente y puedan servir a esas comunidades, mientras que los integrantes de las mismas ayudarán a que el texto salga de manera correcta y se apliquen en beneficio de la ciudadanía.
El diputado federal de Morena, Ulises García Soto, afirmó que este marco jurídico será “una herramienta para que las etnias puedan defenderse de los embates del capitalismo rapaz que no cesa de quitarles su territorio”.
Aludió que las propuestas de las comunidades autóctonas serán incluidas para enriquecer la legislación, la cual es un paso más hacia la democracia participativa.
Las conclusiones y propuestas de los diversos foros se tomarán en cuenta para el análisis, discusión y votación del dictamen, con el compromiso del Legislativo de que no será una ley que dañe a las comunidades.
Algunas propuestas ya se encuentran en la iniciativa, como tomar en cuenta los usos y costumbres de cada comunidad, así como la obligación del gobierno de consultar los programas que atañen a estas comunidades.
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