Por lo que hace a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que uno de sus tramos se colapsó el 3 de mayo de 2021, sí hay una investigación y actuación por parte de la Secretaría de la Contraloría General (SCG), aseguró su titular Juan José Serrano Mendoza, durante su comparecencia ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, quien detalló que también hay una actuación en torno a la Línea 1 por el retraso de la obra de remodelación que se lleva a cabo.
Al responder algunos de los cuestionamientos del legislador Carlos Joaquín Fernández Tinoco, de la asociación parlamentaria Ciudadana, el funcionario capitalino señaló que no está cerrado el expediente de la Línea 12, conocida también como Dorada.
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Dijo que la investigación sigue y que es comprensible que los resultados que se han dado a conocer no satisfacen a algunas personas, “pero es algo real que sucede”, al tiempo que informó que se continuará con la integración de los expedientes.
Luego de que el coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, el representante popular Jorge Gaviño Ambriz, ex director del STC Metro, se refiriera al tema, dijo que por la construcción de la Línea 12 y la administración anterior, se hicieron cuatro auditorías y se sancionaron a cien servidores públicos.
En la comparecencia presencial en el salón Heberto Castillo del recinto de Donceles y Allende, ante los congresistas que conforman las Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, de Administración Pública Local y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del V informe de gobierno de la actual administración capitalina, el secretario reconoció que hay un incumplimiento en la entrega de la obra de la Línea 1 del Metro, por lo cual la dependencia a su cargo se ha involucrado en el tema.
Fue el coordinador de la bancada del PAN, Federico Döring Casar, quien puso el asunto sobre la mesa y Serrano Mendoza comunicó que se tiene una investigación en torno a la Línea 1, “pero no todo se hace público”, debido a que “es importante el sigilo.
Aclaró que muchas veces lo público no ayuda en mucho, a la vez que refirió que sí está identificado un desfase en la obra de mantenimiento y modernización de la denominada Línea Rosa y, “habrá sanciones para la empresa”, si en su momento se identifica alguna irregularidad, como lo relativo al incumplimiento.
Juan José Serrano Mendoza precisó que en el periodo comprendido del 1° de enero de 2019 al 31 de julio del 2023 se han realizado 2 mil 353 actividades de fiscalización, mientras que en julio de este año se iniciaron 48 auditorías.
El contralor general aludió que el informe gubernamental refleja los resultados y avances de las acciones y actividades en la dependencia que encabeza, “para erradicar estructuralmente todo abuso del poder en beneficio de intereses contrarios a los de la sociedad”.
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Notificó que se comenzaron 64 procedimientos administrativos disciplinarios y 519 de responsabilidad administrativa. Los órganos internos de control de las alcaldías impusieron 2 mil 589 sanciones a un total de mil 599 personas servidoras públicas, de las cuales 498 fueron sanciones económicas por un monto de mil 85 millones de pesos.
El funcionario también detalló que los órganos internos de control de dependencias, entidades y desconcentrados, es decir, de manera sectorial, aplicaron 2 mil 21 sanciones a un total de mil 311 personas servidoras públicas, de las cuales, 289 fueron inhabilitaciones, 9 destituciones y 115 sanciones económicas, por 785 millones de pesos.
Precisó que a través de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas se impusieron 526 sanciones a 318 personas servidoras públicas, entre las que se encuentran: 82 sanciones económicas por un monto total de 2 mil 572 millones de pesos y 16 inhabilitaciones.
Dejó asentado que “esta Contraloría sólo ha sido guiada por el principio del derecho y el interés ciudadano, y no por motivaciones partidistas. Esos son los pilares de este mandato”.
Puntualizó que la vigilancia del correcto uso de los recursos de los ciudadanos y la sanción de quienes buscan cruzar la línea de la legalidad, es el norte de una institución como la SCG, al tiempo que enfatizó que se ha actuado con estricto apego al marco legal, mismo que es claro y específico en materia de medidas cautelares para el caso de que exista la posibilidad de que una persona servidora pública intervenga en el desarrollo de una investigación.
El presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, José Gonzalo Espina Miranda, de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, quien fue el responsable de conducir la sesión de comparecencia, dijo reconocer la labor del funcionario al frente de la dependencia; en estos cinco años se han logrado importantes transformaciones, sobre todo, en cuanto a la atención ciudadana”.
Del grupo parlamentario del PRI, la congresista Guadalupe Barrón Hernández detalló que es importante conocer las acciones que se impulsan, o que pueden implementarse, para evitar sanciones y prevenir actos administrativos indebidos de los servidores públicos.
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Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, su coordinador Jesús Sesma Suárez resaltó las políticas públicas implementadas por la SCG para colocar en el centro de las responsabilidades de las dependencias el derecho de la ciudadanía a una buena administración de los recursos públicos, a la transparencia y la rendición de cuentas.
La coordinadora de la bancada de Morena, Martha Soledad Ávila Ventura, calificó como positivos los resultados presentados por la secretaría al fomentar e impulsar el combate a la corrupción en la capital.
Se congratuló por las 276 auditorías a alcaldías y pidió ampliar la información sobre las acciones de fiscalización, en cuanto a la disposición de los sujetos responsables, y las consecuencias ejercidas. Consideró que el trabajo de la SCG permite inhibir conductas irregulares de las personas servidoras públicas.
Federico Döring Casar estimó que al Programa de Igualdad Sustantiva le hace falta acompañamiento, supervisión e instrumentación, porque aún están pendientes las sanciones por las denuncias de abuso sexual a trabajadoras en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Cuestionó la labor de la Contraloría ante el incumplimiento de contratos en el STC Metro y solicitó detalles de la adquisición de boletos al Super Bowl 2023, en Arizona, al que asistió el funcionario, quien en este último punto dio una explicación.
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