Los representantes populares panistas en el Congreso de la Ciudad de México se mostraron a favor de la decisión que tomó la presidenta del PAN en la metrópoli, Ana Patricia Báez Guerrero, de sumarse a las diversas impugnaciones que hará el instituto político a nivel nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la reforma al Poder Judicial consolidada por Morena y sus aliados, a la vez que aclararon que las modificaciones que se hicieron son más políticas que funcionales.
Al respecto, la diputada local del blanquiazul, Oliva Garza de los Santos, quien funge como vicepresidenta de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, sostuvo que la reforma no es un cambio al sistema de justicia, sino política al Poder Judicial.
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Tras respaldar a Báez Guerrero, quien dijo que “el proceso de aprobación estuvo plagado de vicios, violaciones e ilegalidades, y no nos quedaremos de brazos cruzados”, la congresista de Acción Nacional consideró que las policías, los Ministerios Públicos, Fiscalías, juzgados y los reclusorios, continuarán con su misma operación y no habrá cambio.
“Las víctimas seguirán siendo víctimas y lo que hay que reformar, seguirá esperando una verdadera reforma”, sentenció Garza de los Santos.
En su momento, el coordinador de los legisladores del PAN en el Poder Legislativo local, Andrés Atayde Rubiolo, hizo notar que los panistas en el momento de discutir y aprobar la reforma se mantuvieron congruentes, por lo que votaron en contra de algo que fue avalado por una mayoría artificial de Morena y sus aliados.
Lamentó que la aprobación a la reforma judicial traerá múltiples y graves consecuencias para el país; “habrá fuga de capitales y falta de inversión, se politiza la justicia y se mermará la división de poderes y, lo peor, es que la lealtad de los jueces ya no estará en la Constitución, sino en los grupos de poder que los hayan postulado y votado”.
Consideró que la reforma planteada y aprobada en el Congreso capitalino, no resolverá la falta de acceso a la justicia, ni mejorará las condiciones de los Ministerios Públicos y las Fiscalías, además de que atenta contra la autonomía del Poder Judicial.
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“La reforma votada no va a resolver el profundo problema de acceso desigual a la justicia. Por ello, en Acción Nacional nos mantuvimos firmes y votamos en contra. El grupo parlamentario del PAN se declara en resistencia y ratifica su compromiso de lucha con las y los trabajadores del Poder Judicial, con las y los universitarios y con las y los jóvenes que rechazan esta reforma tóxica y que significa un retroceso para la justicia de nuestra ciudad y nuestro país”.
Para los congresistas panistas, su voto en contra representa a todas y todos aquellos a quienes se les ha intentado callar, amenazar y violentar por el simple delito de no aceptar esta reforma, a la vez que delinearon que su labor seguirá siendo la de defender a la ciudad y al país, y no serán partícipes del descarrilamiento de la división de poderes y el atropello al sistema de justicia nacional.
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Mientras, el vicecoordinador del PAN en el recinto de Donceles y Allende, Diego Garrido López, calificó la sesión del jueves en la que se aprobó la reforma de un proceso legislativo viciado, turbio, desaseado e ilegal.
“Estamos en tiempos oscuros para la patria, ante la destrucción de la República y la aniquilación de la división de poderes”, declaró.
La posición de Garrido López es que Morena y aliados “amenazaron, compraron, detuvieron legisladores de oposición y utilizaron todo el aparato del Estado”, al tiempo que reconoció que los diputados del oficialismo no escucharon a los miles de trabajadores y estudiantes, además de que se está ante la hiper concentración del poder en un solo grupo político.
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