La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México llegó a la conclusión, después de llevar a cabo un estudio, que las 297 unidades de transporte público concesionado de las rutas 12 y 108 que brindan servicio en la alcaldía Gustavo A. Madero generan cantidades elevadas de emisiones contaminantes.

Esos vehículos en específico producen mil 325.27 toneladas por año de monóxido de carbono, 97.93 toneladas por año de óxidos de nitrógeno y 1.765 toneladas por año de material particulado.

Los tres contaminantes son considerados dañinos para la salud de la población, por lo tanto, su reducción implicaría un beneficio en la salud de las personas que habitan y trabajan en Avenida Ingeniero Eduardo Molina y Artilleros (San Lázaro), hasta la intersección de Av. Muyuguarda y Prolongación División del Norte (Preparatoria N° 1).

Por lo anterior se busca que dichas unidades sean cambiadas para formar parte de la flotilla del “Metrobús Línea 5 en la segunda etapa

“La expansión del servicio de Corredores del Sistema Metrobús impulsa la modernización del transporte público de la Ciudad de México e incrementa la calidad del servicio brindado a los usuarios, con movilidad más eficiente, segura y amigable con el ambiente. Sin embargo, sin el apoyo económico y los incentivos suficientes para conformarse en empresa y brindar este servicio, es difícil conseguir que los concesionarios del “Transporte de Ruta” se integren a la provisión de este servicio. Sin la participación de los concesionarios, la conformación de nuevos corredores se ralentiza, o incluso, se detiene”, detalla la Semovi.

Y explica que cuando la “Sustitución” se lleva a cabo por medio de los servicios de financiamiento a los que los concesionarios suelen tener acceso, con tasas altas y plazos reducidos, las condiciones poco favorables de financiamiento incrementan el riesgo de que la “Empresa” contraiga una deuda que la deje en insolvencia financiera y, por ende, no pueda cubrir los costos de operación del servicio y/o caigan en moratoria.

En otras palabras, indica Semovi, no hay certeza de la estabilidad y solvencia de la empresa para afrontar los costos de operación durante los primeros meses (dentro de los cuales la mensualidad del financiamiento es una parte importante). En el peor de los casos, esto significaría la pérdida de las unidades por incumplimiento de pagos, así como poner en riesgo el debido funcionamiento de la “Empresa”, e incluso, la prestación del servicio de “Metrobús L. 5, segunda etapa”.

“En resumen, el hecho de que los “Concesionarios” no cuenten con los recursos suficientes o el financiamiento adecuado para llevar a cabo la sustitución de sus unidades en un contexto de certidumbre financiera y por sus propios medios, puede tener varias consecuencias, como el envejecimiento del parque vehicular y altos niveles de emisiones contaminantes, la incapacidad de ampliar Líneas de Metrobús, así como conformar nuevas, y la insolvencia financiera de la “Empresa”, al llevar a cabo la “Sustitución” sin apoyo económico, lo que puede perjudicar la calidad del servicio y poner en riesgo su prestación”.

Y se detalla que la ampliación de “Metrobús Línea 5, segunda etapa” tiene por objetivo extender el acceso directo de la ciudadanía a redes de transporte masivo, particularmente, conectando distintas zonas de la ciudad por medio de vías troncales y rápidas en superficie.

Y en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19 y las medidas de distanciamiento social correspondientes, la expansión de la provisión de este servicio con unidades más amplias y ajustadas a la demanda contribuye a evitar aglomeraciones, aumentar la frecuencia de los recorridos, y asegurar un servicio seguro para las personas usuarias.

Además se afirma que Metrobus opera con un control más estricto, cuenta con mayor nivel de accesibilidad universal y su flota se encuentra en buen estado debido a una consistente política de mantenimiento, lo que lo convierte en un servicio altamente eficiente.

Actualmente, el servicio de “Metrobús” transporta a un millón 440 mil usuarios diarios, lo que representa alrededor de 10% de todos los traslados en transporte público en la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinos tienen previsto que Metrobús Línea 5 en su segunda etapa Transporte 96 mil usuarios diarios.

Semovi asevera que con el retiro de unidades obsoletas y contaminantes del parque vehicular, para sustituirlas con unidades de alta capacidad, con nuevas tecnologías y bajas emisiones que presten el servicio de “Metrobús Línea 5, segunda etapa”, así como la reducción de la flota y su ajuste a la demanda; la “Sustitución” también pretende contribuir a la reducción del consumo de combustibles y de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático (gases de efecto invernadero) y que son dañinos para la salud (contaminantes criterio).

El estudio hecho por Semovi indica que la implementación de este corredor y la operación de las unidades nuevas en “Metrobús L. 5, segunda etapa” se reducirá 96% de las emisiones contaminantes de monóxido de carbono, 57% de las emisiones de óxido de nitrógeno y 80% de las emisiones de material particulado emitidas por las unidades obsoletas.

El análisis indica que con la operación de los nuevos autobuses solamente se generarán 54.15 toneladas al año de emisiones de monóxido de carbono, 41.88 toneladas al año de óxidos de nitrógeno y 0.355 toneladas al año de material particulado.

Por lo anterior se busca brindar apoyo al transporte concesionado para llevar a cabo la sustitución de las unidades de tal manera que tenga mejores condiciones de financiamiento, y se asegure la estabilidad financiera de la nueva empresa.

Por lo que se prevé la entrega de apoyos económicos que, sumados, equivalen a 10% del costo total de la nueva flota, para la adquisición de las unidades nuevas que prestarán este servicio, con bajas emisiones, capacidad ajustada a la demanda y que cumplan con los lineamientos técnicos establecidos por el Organismo Público Descentralizado Metrobús.

La meta institucional es otorgar apoyos económicos de 300 mil pesos para consolidar la sustitución de 297 unidades obsoletas, por 76 unidades articuladas nuevas para concretar la ampliación del servicio de “Metrobús L. 5, segunda etapa”.

Los beneficiarios serán aquellos “Concesionarios” que integren la “Empresa” que prestan el servicio desde la intersección de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina y Artilleros (San Lázaro), hasta la intersección de Av. Muyuguarda y Prolongación División del Norte (Preparatoria N° 1); quienes, mediante dictamen del Organismo Público Desconcentrado Metrobús y la Declaratoria de Necesidad para la Prestación del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor “Metrobús Río de los Remedios-Preparatoria N° 1”, en su Segunda Etapa, San Lázaro – Prolongación División Del Norte (Preparatoria N° 1)”, cumplieron con los requisitos documentales necesarios para integrarse a la ampliación de la provisión del servicio de “Metrobús L. 5, segunda etapa”.

Los apoyos económicos se entregarán conforme al acuerdo correspondiente del Comité Técnico de “FIFINTRA”, a la suficiencia presupuestal del mismo y conforme a la demanda de quienes hubieran cumplido cabalmente con los requisitos establecidos en la “Acción”.

También quedó establecido que el Comité Técnico de “FIFINTRA” aprobó recursos para la “Acción” hasta por 89 millones 100 mil pesos. El monto definitivo del apoyo económico se conformará por los bonos de chatarrización acumulados.

La “Empresa” recibirá un bono de 300 mil pesos por cada unidad obsoleta que entregue para su chatarrización la cual haya pasado por los procesos de revisión física y documental correspondientes definidos por parte de la “Secretaría”. Así, el apoyo económico total será determinado por la multiplicación del monto unitario del bono, por el número de unidades efectivamente chatarrizadas.

El presupuesto se ejercerá a favor de la armadora de autobuses o institución seleccionada libremente por la “Empresa”, bajo su propia responsabilidad.

Y por se detalla que el día de la cita para llevar a cabo la destrucción de las unidades obsoletas, cada “Concesionario” que integra la “Empresa” deberá acudir con su(s) unidad(es) para que el “Personal del Registro Público” y el REPUVE lleven a cabo el peritaje de las unidades y verifiquen que corresponden a la documentación integrada en los expedientes previamente validados.

Además, cada “Concesionario” deberá firmar una Constancia de Destrucción con la empresa Recicladora con que la “Secretaría” sostenga convenio vigente, aceptando que entrega su(s) unidad(es) voluntariamente para su destrucción.

También deben estar de acuerdo en que los recursos generados por la destrucción serán donados al “FIFINTRA” y de encontrarse inconsistencias, durante la identificación, revisión y validación, entre la unidad física y el expediente de la unidad, su solicitud resultará improcedente.

Y quedó estipulado que los “Concesionarios” no podrán concluir el proceso de destrucción de sus unidades cuando los vehículos presentados al procedimiento de destrucción se encuentran desvalijadas o modificadas.

Tampoco cuando los datos reportados y capturados correspondientes a las unidades que pretende chatarrizar, no coinciden con el peritaje efectuado por el REPUVE durante la revisión física de las unidades, que se realizará antes de su destrucción o porque no se presenten a la cita programada por el Registro Público multicitado para llevar a cabo el proceso de chatarrización.