Diputados del Estado de México que representan los distritos electorales de Ecatepec exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aplicar las leyes contra quienes se están robando el agua para venderla en comunidades donde prevalece el desabasto del recurso natural.
En conferencia de prensa, cuatro legisladores representantes del municipio más grande de la entidad lamentaron que el marco legal aprobado por el Poder Legislativo en 2022 para sancionar a grupos huachicoleros de agua potable no se aplique.
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En la capital del estado, anunciaron que solicitarán la instalación de una mesa de trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial para avanzar en el combate al robo de agua en Ecatepec, debido a que más de un millón de habitantes de 200 colonias carecen de agua por la red domiciliaria de forma permanente.
Indicaron que las reformas al Código Penal del Estado de México relacionadas con el castigo al robo de agua no pueden ser letra muerta, y se tiene que sancionar hasta con seis años de prisión a los huachicoleros, tal y como lo establecen las modificaciones al marco legal.
“Mercantilizar el agua es un hecho ruin y hay que combatirlo, por eso pedimos a la Fiscalía General y al Poder Judicial que se actúe en consecuencia porque hasta ahora pareciera letra muerta esta reforma al Código Penal, necesitamos la actuación porque es a plena luz del día el tema el huachicoleo”, denunció la diputada Azucena Cisneros.
Las reformas impulsadas por Morena y que se aprobaron en mayo de 2022 y castigan el robo del vital líquido en la entidad, estableciendo que quien distribuya o suministre agua potable a través de pipa u otro medio de almacenamiento, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedidos por la autoridad competente, con la finalidad de obtener un beneficio económico, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización.
Asimismo, se estipula que quien distribuya agua potable a través de pipa, y la extraiga u obtenga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de veinticinco a cien unidades de medida y actualización; y a quien altere, impida o restrinja el flujo de agua, se impondrá de dos a seis años de prisión.
Los diputados enfatizaron que el delito de huachicoleo se registra a plena luz del día y es operado por mafias, que alteran la infraestructura hidráulica y lucran con la necesidad de la gente, porque al proliferar las tomas ilegales reduce la presión del vital líquido e impide que llegue a la red domiciliaria.
En este sentido, los legisladores señalaron que no puede adoptarse como solución la distribución por medio de pipas, para hacer frente al déficit de 800 litros por segundo, lo que significa que hoy solo el 10 por ciento de la población de Ecatepec dispone de agua diariamente, la mayoría dos o tres veces por semana y al resto, le llega cada dos, tres o cinco meses.
Azucena Cisneros afirmó que de los ocho pozos que está rehabilitando la Comisión del Agua del Estado de México en Ecatepec, no se permita la instalación de garzas, cuando lo que se requiere es que la gente tenga agua por la red domiciliaria.
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