De las más de 2 mil 400 tomas clandestinas de gas LP a nivel nacional, en el Valle de México se tienen detectadas 240, todas ubicadas en municipios del Estado de México, desde donde delincuentes dedicados al huachicoleo sustraen el combustible para distribuirlo y venderlo de manera ilegal en alcaldías de la capital y toda la zona metropolitana.
La cifra de boquetes en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 1000 por ciento en los últimos 4 años, al pasar de 215 tomas que había en 2018 a 2 mil 402 en 2021, según datos de proporcionados por Carlos Serrano Ferrera, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas).
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Agregó que información de la petrolera nacional advierte que de los 18 municipios de la zona centro del país en los que hay “huachigas”, tres se ubican en el Estado de México: Tepetlaoxtoc, Nextlalpan y Tezoyuca, los tres localizados muy cerca del recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El representante de la industria gasera formalmente establecida dio a conocer a LA PRENSA que el mercado negro de gas LP pone en riesgo a 4 millones 600 mil habitantes del Valle de México, pues su distribución a cargo del crimen organizado no se realiza con las adecuadas medidas de seguridad.
“Estamos muy preocupados por la inseguridad y riesgos a los que está expuesta la población a raíz del incremento registrado en las tomas clandestinas de los ductos de Pemex y consecuentemente con la distribución ilícita de este producto”, dijo.
Alertó que entre el 15 y 20 por ciento del combustible que se reparte en la zona metropolitana es de origen ilícito, cantidad que equivale aproximadamente a 44 mil toneladas de gas LP al mes, y que consumen esos 4.6 millones de habitantes.
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Insistió en que estos usuarios están en riesgo al estar expuestos a recibir en sus hogares y empresas el suministro de gas LP mediante unidades de reparto y personal que no cumplen con la capacitación, el protocolo y las medidas de seguridad en la fabricación y mantenimiento de los equipos de reparto.
Aseveró que el Estado de México, junto con Puebla, Veracruz y Tlaxcala, acumulan el 94 por ciento de las tomas clandestinas del energético, y el 82 por ciento de esos boquetes al ducto de Pemex que atraviesa por esas entidades se localiza en 18 municipios, entre ellos, los tres del territorio mexiquense.
Explicó que la infraestructura de la empresa estatal que atraviesa por los cuatro estados es el ducto que viene de Pajaritos, Veracruz, y termina en Zapopan, Jalisco, el cual es el principal medio de transporte de gas LP en el centro y occidente del país.
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Advirtió que la presencia cada vez mayor de los grupos delictivos en la distribución ilícita del producto robado a Pemex se refleja en la utilización de métodos coercitivos y de violencia.
Lamentó que los criminales no permiten una sana distribución del producto que lícitamente vende Pemex en el país, compitiendo ilegalmente y afectando directamente a la empresa petrolera y al consumidor final.
Carlos Serrano Ferrera recordó que a partir del programa implementado por el gobierno federal en el combate al robo de gasolinas al inicio de esta administración, se lograron avances importantes en este sector.
Sin embargo, dijo, desafortunadamente los grupos delincuenciales que presuntamente se dedicaban originalmente al robo y comercio ilícito de gasolinas, migraron sus actividades al robo de gas LP.
Con base en datos y estadísticas de Pemex, en los últimos cuatro años, el número de tomas clandestinas anuales en hidrocarburos y petrolíferos disminuyó un total de 4,103 tomas, lo que representa un 27 por ciento contra el 2018.
No obstante, en gas LP, de 2018 a 2021, se incrementaron en 2,187 tomas, lo que representa un crecimiento de mil por ciento del 2018 al 2021.
El representante del sector consideró como prioritario implementar acciones precisas orientadas a combatir el origen del problema y brindar seguridad a los consumidores. Por ello pidió tres acciones específicas.
La primera, consistente en un programa efectivo para combatir el robo de gas LP a los ductos de Pemex y su distribución ilícita en el mercado, que tanto afecta al consumidor final y a Petróleos Mexicanos.
En segundo, en la inmediata decisión de eliminar mediante verificaciones operativas en ruta todos los equipos de reparto e instalaciones que comercializan el gas robado y que además no están debidamente registrados ante las autoridades regulatorias y administrativas.
El tercero, en el hecho de asegurar que todo el equipo de reparto pernocte en plantas de distribución y en CEDIS (Centros de Distribución) registrados, para garantizar que el producto que se distribuye en los equipos de reparto no proviene de tomas clandestinas.
Esto con base en el cumplimiento de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Transporte y Distribución del gas LP de la Comisión Reguladora de Energía. (DOF 22/01/2019) que establece que todos los equipos de reparto deberán pernoctar en las plantas de distribución y centrales de guarda registradas ante la propia CRE.
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