En las entidades de Durango, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas, informó el INEGI en ocasión al Día Internacional contra la Corrupción este 9 de diciembre.
Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, en tanto que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.
Las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas. 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019 fueron víctima de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020.
En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 mil 822 pesos en promedio (mil 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017). Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción.
Para cumplir con sus funciones, en 2019 los OIC de las instituciones federales y estatales contaron con 10 819 servidores públicos: 49.7% del ámbito federal y 50.3% del estatal. Entre las administraciones públicas estatales destacan Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala por tener menos de una persona adscrita al OIC por cada 1 000 servidoras y servidores públicos.
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Al respecto, durante 2019 las administraciones públicas del orden federal y estatal recibieron 105 mil 298 denuncias por incumplimiento de obligaciones, lo que representó 2.5 asuntos por cada 100 servidoras y servidores públicos. Del total de denuncias, el ámbito federal concentró 32.0%, mientras que, del total de quejas recibidas por las entidades federativas, la Ciudad de México y el estado de México acumularon 57.7 por ciento.
En cuanto al curso que siguieron las denuncias, en el ámbito estatal la proporción de quejas o denuncias procedentes fue 10 veces mayor que en el federal. En contraste, 9 de cada 10 denuncias presentadas en 2019 en la administración pública federal fueron determinadas como no procedentes o se encontraban pendientes de atención.
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