Al inaugurar el foro “Diálogos para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México”, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, sostuvo que éste es de gran importancia, porque coyunturalmente se debate a nivel nacional “que llegue la justicia a la gente”.
Ante diputados locales, expertos en el tema y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura local, Rafael Guerra Álvarez, que se dieron cita en el Auditorio “Benito Juárez”, edificio Zócalo del Congreso capitalino, el responsable de la administración de la metrópoli, por lo que hace a las razones de la importancia del debate, sostuvo que la materia sustantiva del Código Civil “ha caminado más rápido que la materia adjetiva”.
Con motivo de lo anterior, Martí Batres estimó que la parte conceptual ha avanzado, a diferencia de la parte práctica operativa que “ha venido a un ritmo menor”.
Aprovechó para referirse a que, en el año 2000, al divorciarse una pareja, el hombre podía casarse al día siguiente y la mujer debía esperar 300 días; además de que un padre desconocía a su hijo si nacía en los primeros 180 días después del matrimonio.
Señaló que la primera reforma importante al Código Civil en el año 2000, impactó en más de 300 preceptos con “una gran perspectiva de género y perspectiva de infancia, con una visión social más que privada”.
Beneficios del Código de Procedimientos Familiares
Entre los beneficios de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a escala local, subrayó la autorización de celebrar audiencias en línea, la integración de expedientes electrónicos, el sistema de notificación que podrá ejecutarse por correo electrónico, las diligencias que podrán ser videograbadas o realizarse a distancia, la celebración de videoconferencias, además de un sistema de información jurisdiccional, entre otros.
Por su parte, el magistrado presidente del TSJ de la Ciudad de México, Rafael Guerra, dio cuenta que con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el 7 de junio de 2023, la capital del país será la primera entidad federativa que aplicará la normatividad, al tiempo que comentó que para ello se propone la modificación de 18 ordenamientos jurídicos y diversas propuestas de armonización.
Detalló que las controversias familiares y civiles representan entre el 70 y 75 por ciento del trabajo jurisdiccional; “es por ello que de la forma en que se instrumenta dicho sistema de justicia dependerá la seguridad jurídica de la Ciudad de México, al garantizar acceso a la justicia de forma pronta y expedita, así como en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas”.
Sostuvo que la implementación de sistemas y plataformas electrónicas ayudará a garantizar mayor y mejor acceso a la justicia mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, la e.firma, la presentación de promociones electrónicas, integración exclusiva de expedientes electrónicos, juicios y audiencias en línea, entre otros.
Con el objetivo de renovar el sistema de impartición de justicia de la capital del país, expertos, teóricos y operadores jurídicos fueron convocados por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México al foro “Diálogos para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México”, en el que se analizaron las virtudes de la homologación de normatividad en favor de las personas capitalinas.
Conocer la opinión de las y los jueces
El presidente de la comisión organizadora, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, afirmó que este foro representa un ejercicio ciudadano de diálogo abierto y tiene como objetivo conocer la opinión de las y los jueces y magistrados que se verán implicados en la renovación del sistema de impartición de justicia en la Ciudad de México.
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Rivero Villaseñor, quien funge como presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del recinto de Donceles y Allende, mencionó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece las reglas y procedimientos judiciales a seguir en asuntos civiles relacionados con la propiedad, contratos y responsabilidad civil; en materia sucesoria y familiar, que incluyen el divorcio, patria potestad, adopción y pensión alimenticia.
El también alcalde electo de Milpa Alta, informó que se promueven alternativas de solución de controversias como el arbitraje y la mediación y la implementación de juicios orales en todas las áreas.
Asimismo, aborda cuestiones con activos virtuales y tecnología de cadena de bloques, formas que están cada vez más presentes como una manera segura de almacenar y verificar transacciones realizadas en internet.
Expuso que el foro contribuirá a robustecer la construcción de la homologación normativa para dotar a la ciudad de un marco legal que abone a lograr la justicia para todas y todos.
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