Ciudad de México.- La creación del registro de usuarios de telefonía móvil viola principios constitucionales, amenaza la seguridad de datos personales sensibles de la ciudadanía, pone en riesgo el patrimonio de las personas y limita la libertad de expresión.
Así lo alertó la Coparmex de la Ciudad de México (CDMX) al hacer un llamado al Poder Ejecutivo a revisar con cuidado el proyecto aprobado por la mayoría legislativa en el Senado de la República. Señaló que este padrón limita la capacidad de comunicación de los ciudadanos por tratarse de una política orientada al control y vigilancia de la población y amplía más la brecha digital en el país.
El organismo empresarial en la Ciudad de México recordó que la experiencia muestra cómo un registro de esta naturaleza no sirve para combatir la inseguridad y, por el contrario, genera nuevas amenazas para los ciudadanos de a pie.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobada en el Senado es para los integrantes de la COPARMEX CDMX una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos del país, representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales.
El Registro de Usuarios repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudadanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro.
COPARMEX CDMX lamentó que la mayoría en el Senado desatendieron las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios.
Precisó que este registro viola el principio de presunción de inocencia al asumir que el titular de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier otra persona.
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Alertó que el manejo de dicho registro será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.
Limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratarse de una política orientada al control y vigilancia de la población.
Incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
Atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar diversa información de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Y viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.
La Coparmex capitalina advirtió que este tipo de medidas no son dignas de un gobierno democrático y plural y solo pueden ser interpretadas como una nueva señal del riesgo que enfrentan los valores democráticos en México.
Destacó la importancia de combatir la inseguridad con medidas efectivas e inteligentes y no con un registro que, además de poner en riesgo la privacidad de la población pone en riesgo su patrimonio e incluso su seguridad e integridad.
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