Previo a abordar el vuelo que la llevará al encuentro interparlamentario del Parlatino, con sede en Panamá, la diputada María Rosete en conferencia de prensa apuntó: “Pocas veces nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que trabaja en la llamada “economía informal” y en la forma en que contribuyen a la economía urbana de sus respectivas localidades mediante la venta de diversos productos o servicios.
De acuerdo con cifras oficiales de 2018, México registró un total de 54 millones 68 mil 791 personas económicamente activas, de las cuales, un millón 900 mil se encuentran en el apartado de Población Desocupada, 30millones 500 mil lo tienen en la informalidad, y 21 millones 668 mil 791 dentro de la formalidad”.
La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, precisó que ante la falta de oportunidades laborales dentro de la formalidad, mucha gente opta por el auto empleo en sus diversas vertientes , otros deciden emigrar hacia entidades o países con mejores oportunidades, y algunos eligen de dicarse o unirse a la delincuencia para obtener recursos inmediatos ante la debilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia para castigar los delitos.
El tema de reconocimiento de la figura del “trabajador del espacio público” debe preocuparnos y ocuparnos porque no ha existido voluntad para su solución ni se han creado las condiciones necesarias para generar empleos formales suficientes.
Deseo ser muy precisa en cuanto a objetivo de esta iniciativa, que a la letra dice: “Tenemos que crear las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país.
Mientras los trabajadores en el espacio público no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlos es infructuoso porque, aunque son una realidad, los derechos y obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado por más de 35 millones de trabajadores.
Totalmente falso que nuestra iniciativa pretenda cargarles más la mano a nuestros compañeros y representados que son los trabajadores del espacio público, nuestra propuesta gira en torno a la igualdad de derechos y obligaciones.
De ahí que hagamos un respetuoso llamado a los medios de comunicación -quienes con oficio y profesionalismo nos dan cobertura– a que nos ayuden a difundir y precisar el contenido de nuestra iniciativa, que incentiva un compromiso legal de derechos y obligaciones.
Diversos estudios y estimaciones señalan que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento al Producto Interno Bruto nacional, esto es, por cada 100 pesos generados del PIB, 24 pesos los generan el 58 por ciento de ocupados en la informalidad.
En días pasados diferentes publicaciones mencionaron que se trataba de pagar más impuestos por parte de los comerciantes. A pregunta expresa,la diputada Rosete contestó categórica “… no se trata de sumarle otro pago a los compañeros trabajadores del espacio público el objetivo de reconocer constitucionalmente la figura del trabajador del espacio público es precisamente que su contribución vaya directamente al fortalecimiento de seguridad social.”
