A un año de impartir justicia laboral, han ingresado diez mil 717 asuntos de esa materia al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX). Ya se han dictado 230 sentencias, 221 por los nueve tribunales de asuntos individuales y las otras restantes por el único tribunal de colectivos.
Las cifras anteriores corresponden al periodo del 3 de octubre de 2022 al 31 de agosto pasado, durante el cual los nueve tribunales de asuntos individuales han emitido 38 mil 574 acuerdos, en tanto que el único tribunal de asuntos colectivos mil 488, lo que da un total de 40 mil 62.
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Al respecto, la consejera de la Judicatura capitalina, Susana Bátiz Zavala, delineó que, de las 230 sentencias emitidas, en 30 ya hubo ejecución, en el entendido de que en el resto las partes llegaron a una conciliación.
Refirió que al PJCDMX le correspondió asumir la impartición de justicia en materia laboral en la tercera etapa de la implementación de la reforma constitucional correspondiente, esto es, a partir del 3 de octubre de 2022, y que lo hizo con jueces designados por concurso de oposición dividido en las etapas de evaluación psicométrica, de opinión pública y de designación.
RESALTA EQUIDAD EN LA DESIGNACIÓN DE NUEVE IMPARTIDORES DE JUSTICIA
Durante la conferencia “La implementación de la justicia laboral en México”, que impartió con la moderación de la titular del Tribunal de Asuntos Colectivos, jueza Guadalupe Moreno Figueroa, la consejera Bátiz Zavala informó que se designaron nueve impartidores de justicia de asuntos individuales y uno de asuntos colectivos, en los que, además, se respetó la equidad de género, pues se nombró a cinco mujeres y a cinco hombres.
Señaló que el resto de las plazas para hacer funcionar la impartición de justicia laboral en el órgano judicial capitalino, es decir, las de pasante de derecho, secretario actuario, secretario proyectista de juzgado y secretario instructor, también se asignaron por concurso de oposición, con lo que se abonó a la transparencia.
Hizo alusión a la importancia de la conciliación en el nuevo modelo de justicia laboral, al tiempo que precisó que el trabajo del PJCDMX no puede quedar apartado del que realizan las autoridades del Ejecutivo local en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, porque esto contribuye a que haya un menor número de asuntos que ingresan a los tribunales.
Susana Bátiz sentenció que de lo que se trata es que las partes se arreglen, por lo que es preciso evitar a toda costa el que se llegue al juicio y, repetir el esquema que privaba en las juntas locales de conciliación y arbitraje, a las que ingresaban infinidad de asuntos, lo que impedía su desahogo ágil.
“Ahora, con la implementación se trata de que sean ágiles los juicios, que realmente los que lleguen a manos de los jueces y las juezas sean los que necesitan llegar a esa instancia”, puntualizó.
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CONSTITUYE EL MAYOR TESORO
En su momento, el titular del Poder Judicial de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), magistrado Rafael Guerra Álvarez, expuso que la impartición de justicia constituye el mayor tesoro y virtud de la sociedad para mantener el orden, la paz y la fraternidad.
Detalló que ser juzgador significa interpretar la ley en favor de la prosperidad y a la luz de principios que elevan la labor y espíritu, reflejado en la honestidad, sabiduría, trabajo, imparcialidad, respeto, independencia y vocación.
Afirmó que la CONATRIB goza de legitimidad y unidad de los poderes judiciales, cuyo objetivo es el de resaltar la función jurisdiccional, garantizar la autonomía de los jueces y facilitar el trabajo conjunto por la paz y el desarrollo de cada entidad.
En la 3ª Asamblea Plenaria Ordinaria 2023 de la CONATRIB, sostuvo que la comisión a su cargo cree en la justicia como un lenguaje universal, y expresó que “la justicia para nuestros pueblos originarios es una prioridad histórica”.
“Los juicios tarahumaras, basados en sus usos y costumbres son un ejemplo para el sistema de justicia nacional y, desde luego, para los juristas de México, pues preservan el respeto a la virtud que guardan en el alma humana”, comentó en presencia del gobernador indígena de Chihuahua, Alejandro Hernández.
Sostuvo que el servicio público permite a la actividad ejecutiva, legislativa y judicial sentar las bases del orden social, del desarrollo de las libertades y del respeto a los derechos humanos.
Reconoció que los juzgadores “debemos entender y respetar las limitantes humanas” y resolver los conflictos dentro de un marco jurídico que respete los derechos humanos de todo aquel que llame a la puerta de la justicia.
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