Ciudad de México- Organizaciones de la sociedad civil y colectivos y personas usuarias de los servicios de salud mental rechazan la propuesta de Ley General de Salud Mental de Geovanna Bañuelos, conocida como #LeyBañuelos, ya que es violatoria de derechos humanos de personas con discapacidad, usuarias de drogas, y demás personas usuarias de los servicios de salud mental.

Señalan que la iniciativa podría legalizar los tratamientos forzosos, considerados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de que continúa avalando los internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos, y usa un lenguaje discriminatorio que reproduce estigmas equivocados sobre la salud mental.

En conferencia virtual los integrantes de diversos colectivos y ONG´s exigieron que se retire la iniciativa de Ley de Salud Mental que será votada a partir de mañana 29 de julio en el Senado. Insistieron que es violatoria a derechos humanos de personas con discapacidad, al legalizar internamientos involuntarios en instituciones psiquiátricas; tratamientos forzados y desconocer la capacidad jurídica de las personas.

Katia D’Artigues, periodista y fundadora de YoTambién A.C. afirmó que esa iniciativa justifica la institucionalización de niñas, niños y adolescentes lo cual los pone en un grave riesgo.

Fue hecha sin consulta a personas con discapacidad y sus organizaciones. Por esto ya se han declarado inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación varias leyes, como la de personas con síndrome de Down en la ciudad de México.

La iniciativa, impulsada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y la bancada del Partido del Trabajo (PT), entra en contradicción con estándares internacionales suscritos por el Estado Mexicano como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por México en 2008.

Las activistas y académicas, se expresa el “rechazo rotundo” de la sociedad civil ante la posible aprobación de esta iniciativa de ley.

En el marco del periodo extraordinario de sesiones del Congreso, el próximo miércoles 29 de julio la senadora petista Geovanna Bañuelos presentará en la Cámara Alta una iniciativa de Ley General de Salud Mental que ha sido repudiada por diversas organizaciones civiles y personas con discapacidad socioemocional, por considerar que se trata de un proyecto “discriminatorio y retrógrada” que únicamente oficializa algunas de las malas prácticas en este terreno que ya existen en la actualidad.

La mencionada iniciativa fue presentada por vez primera el 29 de noviembre del año pasado por la bancada del PT en el Senado. El texto fue turnado a las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, las cuales aprobaron el dictamen el 24 de marzo de 2020, ante la inconformidad de colectivos civiles que pidieron que dicho proyecto no avanzara.

De acuerdo con Carlos Ríos, investigador de Human Rights Watch hay una idea de que los internamientos hospitalarios pueden ser por tiempo indefinido. La propuesta de la senadora establece que sería hasta por 72 horas, pero cuando los funcionarios de salud lo determinen, puede ser por más tiempo, a través de una resolución judicial”, lo cual equivale prácticamente a un acto de detención arbitraria, señaló.

Ilse Gutiérrez, integrante de los grupos civiles SinColectivo y Orgullo Loco México, argumentó que entre los puntos más preocupantes de la iniciativa está el hecho de que permite la internación de una persona cuando un siquiatra considere que ello es necesario –incluso en contra de su voluntad--, y promueve la canalización de menores de edad al sistema de hospitales siquiátricos, en vez de buscar otras alternativas de tratamiento para ellos.

La iniciativa de Bañuelos, agregó Gutiérrez, está redactada con algunos conceptos o adjetivos que a su consideración pueden resultar discriminatorios o criminalizantes, como hablar de la “incapacidad” de las personas con condiciones siquiátricas –a algunas de las cuales considera “inimputables” o llamar “farmacodependientes” a los usuarios de sustancias sicoactivas.

Víctor Lizama, coordinador del equipo de consultores de la organización civil Documenta, la propuesta de ley sólo hará oficial diversas prácticas negativas que ya existen hoy, como la limitación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad socioemocional, los tratamientos forzosos y otras violaciones graves de derechos humanos.

A su vez, Gabriela Aragón, integrante de Sin Colectivo y de la organización Dignas Hijas, lamentó la falta de sensibilidad de buena parte del personal médico con respecto a las personas que tienen alguna discapacidad socioemocional y coincidió en que esta iniciativa de ley ni siquiera debería discutirse, por su carácter discriminatorio.

“No se ha discutido a profundidad ni ha tomado en cuenta a la comunidad de personas con discapacidad sicosocial. Mucho menos se debería discutir en un periodo extraordinario, porque es muy irresponsable meter ahí un tema tan grande e importante.