Al rechazo a la militarización del país y de la Ciudad de México, de parte de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sociales, políticas y estudiantiles; se suman colectivos feministas y de protección de los derechos humanos como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Centro Agustín Pro, quienes lamentan la aprobación de la ampliación del plazo de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, en las calles de la capital mexicana.
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Asimismo, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la cual forma parte la Comisión de Derechos Humanos Local, se pronunció por la necesidad de considerar con seriedad los elementos que conforman un modelo de seguridad ciudadana desde el enfoque de derechos humanos.
Citó que los riesgos de esta medida han sido advertidos por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH).
De consolidarse la delegación de la seguridad pública del país a las Fuerzas Armadas, se reduciría el margen de acción que tienen dichos organismos públicos de protección de derechos humanos en las entidades para atender la conflictividad social que deriva de las funciones de seguridad pública en el territorio, en detrimento de la ciudadanía.
En entrevista con La Prensa, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se pronunció contra la militarización en la Ciudad de México y el resto del país.
Es urgente detener la violencia, pero se debe fortalecer la seguridad pública con mando civil, y recordó que la Guardia Nacional no se ha construido con las características que se propusieron en su origen.
"Estamos preocupadas porque se supone que la Guardia Nacional iba a estar a cargo de civiles, no al mando del Ejército, pero no es así, sino serán los militares los que se harán cargo de la seguridad civil”, comentó la activista.
"También nos inquieta la inseguridad que vive el país y cómo opera de manera impune el narcotráfico, que pone en riesgo a las mujeres y a las niñas. “La solución para nosotras, no es la militarización”, remarcó.
Aunque aclaró que lo que se vive en la Ciudad de México en materia de seguridad es muy diferente a lo que pasa en otras entidades del país, quizá aquí se registra un tipo de violencia diferente.
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“Tenemos como referencia el caso de Chihuahua, que ha estado militarizada, y ahí es cuando más se han cometido violaciones a los derechos humanos, ataques a mujeres, violaciones, ha traído más tema de trata. No hemos visto ninguna mejora con la presencia de los militares, ni mejores estrategias de seguridad. El caso de Ayotzinapa, refleja cómo los militares fueron cómplices o protectores de ese trágico suceso.
En redes sociales, el @CentroProdh resaltó que avanza el empoderamiento castrense, generando riesgos para los #DerechosHumanos, perpetuándose una política pública ineficaz y alterando los balances cívico militares.
En días pasados, colectivos feministas y madres de víctimas de tortura y desaparición por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se manifestaron en la Ciudad de México, para rechazar la “militarización del país”.
Varias de las anteriores declaraciones se dieron a conocer, luego que se aprobó la minuta por la que se reforma el artículo quinto transitorio, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
En el Congreso de la Ciudad de México, en votación nominal la mayoría de los legisladores aprobaron los cambios de la Carta Magna avalados por la Cámara de Diputados, a fin de que haya presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 en México.
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