/ viernes 23 de agosto de 2024

Publican decreto para tipificar el delito de transfeminicidio en la CDMX

Dentro del paquete de reformas, se contempla un castigo de 30 a 70 años de prisión contra quien cometa este delito

El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, declaró que con la publicación del decreto de reformas para tipificar el delito de transfeminicidio en el Código Penal, se envía un mensaje claro a la sociedad: “la violencia contra las mujeres trans no será tolerada en la Ciudad de México”.

Con esta reforma aprobada por el Congreso capitalino se reforman también varios artículos del Código Civil, se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Castigo de 30 a 70 años de cárcel

Indicó que el trasfeminicidio se castigará con una pena que va de 35 a 70 años de prisión, “o sea, el castigo es mucho mayor”. Comparó que el Código Penal castiga con 8 a 20 años el homicidio y el homicidio calificado que tiene agravantes con penas de 20 a 50 años.

Además, destacó que la pena se podrá agravar hasta una tercera parte más de la sanción prevista, “cuando la víctima presente señales de saña, cuando el delito sea cometido en el contexto de trabajo sexual y cuando el delito sea cometido por dos o más personas”.

Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, “cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco, cuando la víctima sea menor de edad, adolescente, persona con discapacidad o persona adulta mayor, cuando la víctima sea una persona en situación de calle y cuando la víctima haya recibido amenazas de muerte relacionadas con su identidad o expresión de género, ya sea de forma presencial o virtual”.

“El nuevo tipo penal dice lo siguiente: “Comete delito de transfemicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”, subrayó Batres.

“Tratándose de sentenciados por este delito, el juez ordenará invariablemente su adición al Registro Público de Personas Agresores Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá una duración mínima de 10 y máxima de 30 años”, agregó.

Garantías para la comunidad LGBTTTIQ

Con esta determinación, dijo que la Ciudad de México avanza en la construcción de garantías de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, “porque visibiliza una violencia particular que enfrentan las mujeres trans… contribuye a eliminar las barreras culturales, sociales, políticas, judiciales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos; porque se establecen penas más severas y se facilita la persecución de los responsables; porque es un paso importante hacia la igualdad y la inclusión; y, porque también se reconocen los derechos y la dignidad de las mujeres trans”.

Destacó que esta iniciativa de Ley, conocida como Ley “Paola Buenrostro”, fue impulsada desde abajo por diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas y colectivos trans que luchan por los derechos plenos de su comunidad.

Foto: Gobierno CDMX

Van 30 transfeminicidios en el 2024

Durante el evento protocolario, la activista Natalia Lein señaló que la capital del país ha quedado a deber durante muchos años a las mujeres trans, en el acceso a la salud, trabajo digno y vivienda. Señaló que en lo que va del año se han registrado 30 transfeminicidios en el país.

A su vez, la activista y promotora de los derechos de la comunidad LGBT+, Kenya Cuevas solicitó al jefe de gobierno, Martí Batres separar a Ernesto Alvarado, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, por revictimizar y violentar a las víctimas.

“Hoy le exhorto al Jefe de Gobierno que ponga atención en la Comisión de Atención a Víctimas, que el comisionado –Ernesto– que tiene, es una persona violentadora, que abandona, literal, a las víctimas; a pesar de que yo les gané el juicio y con un colegiado les entregaron una sentencia, no la han podido ejecutar. Ya multaron al comisionado, ya empezó su proceso de destitución y todavía se burla de las víctimas; le exigimos al Gobierno de la Ciudad que separe de su cargo a este tipo que no acompaña a ni una víctima”, expresó Kenya.

Foto: Gobierno CDMX

“Imagínense a las víctimas que no saben leer, ni escribir, imagínense a las víctimas que se encuentran como cuando yo llegué por primera vez a la Comisión, no me quiero imaginar el dolor que deben de pasar o por la tragedia que han de estar pasando y que el comisionado se burle de ellas, esto no puede seguir pasando en la Ciudad de México, y que se jacta de ser el íntimo amigo de la electa Presidenta de la República Mexicana”, señaló la activista.

Y agregó: “ahí vienen los conflictos de interés, donde este sujeto dice ser amigo de la electa Presidenta y entonces todo el discurso que viene dando nuestra señora Presidenta electa se viene abajo con estos discursos, porque eso es lo que hace ese comisionado”.

Kenya Cuevas reconoció el trabajo de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, quien con la recomendación que emitió por el crimen de Paola Buenrostro dio el primer paso para lograr estas reformas.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, declaró que con la publicación del decreto de reformas para tipificar el delito de transfeminicidio en el Código Penal, se envía un mensaje claro a la sociedad: “la violencia contra las mujeres trans no será tolerada en la Ciudad de México”.

Con esta reforma aprobada por el Congreso capitalino se reforman también varios artículos del Código Civil, se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Castigo de 30 a 70 años de cárcel

Indicó que el trasfeminicidio se castigará con una pena que va de 35 a 70 años de prisión, “o sea, el castigo es mucho mayor”. Comparó que el Código Penal castiga con 8 a 20 años el homicidio y el homicidio calificado que tiene agravantes con penas de 20 a 50 años.

Además, destacó que la pena se podrá agravar hasta una tercera parte más de la sanción prevista, “cuando la víctima presente señales de saña, cuando el delito sea cometido en el contexto de trabajo sexual y cuando el delito sea cometido por dos o más personas”.

Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, “cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco, cuando la víctima sea menor de edad, adolescente, persona con discapacidad o persona adulta mayor, cuando la víctima sea una persona en situación de calle y cuando la víctima haya recibido amenazas de muerte relacionadas con su identidad o expresión de género, ya sea de forma presencial o virtual”.

“El nuevo tipo penal dice lo siguiente: “Comete delito de transfemicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”, subrayó Batres.

“Tratándose de sentenciados por este delito, el juez ordenará invariablemente su adición al Registro Público de Personas Agresores Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá una duración mínima de 10 y máxima de 30 años”, agregó.

Garantías para la comunidad LGBTTTIQ

Con esta determinación, dijo que la Ciudad de México avanza en la construcción de garantías de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, “porque visibiliza una violencia particular que enfrentan las mujeres trans… contribuye a eliminar las barreras culturales, sociales, políticas, judiciales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos; porque se establecen penas más severas y se facilita la persecución de los responsables; porque es un paso importante hacia la igualdad y la inclusión; y, porque también se reconocen los derechos y la dignidad de las mujeres trans”.

Destacó que esta iniciativa de Ley, conocida como Ley “Paola Buenrostro”, fue impulsada desde abajo por diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas y colectivos trans que luchan por los derechos plenos de su comunidad.

Foto: Gobierno CDMX

Van 30 transfeminicidios en el 2024

Durante el evento protocolario, la activista Natalia Lein señaló que la capital del país ha quedado a deber durante muchos años a las mujeres trans, en el acceso a la salud, trabajo digno y vivienda. Señaló que en lo que va del año se han registrado 30 transfeminicidios en el país.

A su vez, la activista y promotora de los derechos de la comunidad LGBT+, Kenya Cuevas solicitó al jefe de gobierno, Martí Batres separar a Ernesto Alvarado, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, por revictimizar y violentar a las víctimas.

“Hoy le exhorto al Jefe de Gobierno que ponga atención en la Comisión de Atención a Víctimas, que el comisionado –Ernesto– que tiene, es una persona violentadora, que abandona, literal, a las víctimas; a pesar de que yo les gané el juicio y con un colegiado les entregaron una sentencia, no la han podido ejecutar. Ya multaron al comisionado, ya empezó su proceso de destitución y todavía se burla de las víctimas; le exigimos al Gobierno de la Ciudad que separe de su cargo a este tipo que no acompaña a ni una víctima”, expresó Kenya.

Foto: Gobierno CDMX

“Imagínense a las víctimas que no saben leer, ni escribir, imagínense a las víctimas que se encuentran como cuando yo llegué por primera vez a la Comisión, no me quiero imaginar el dolor que deben de pasar o por la tragedia que han de estar pasando y que el comisionado se burle de ellas, esto no puede seguir pasando en la Ciudad de México, y que se jacta de ser el íntimo amigo de la electa Presidenta de la República Mexicana”, señaló la activista.

Y agregó: “ahí vienen los conflictos de interés, donde este sujeto dice ser amigo de la electa Presidenta y entonces todo el discurso que viene dando nuestra señora Presidenta electa se viene abajo con estos discursos, porque eso es lo que hace ese comisionado”.

Kenya Cuevas reconoció el trabajo de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, quien con la recomendación que emitió por el crimen de Paola Buenrostro dio el primer paso para lograr estas reformas.

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