Para inhibir las prácticas que pongan en riesgo la integridad física y mental de la niñez mexicana, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, se envió para su análisis una iniciativa dirigida a reformar el Código Penal capitalino para que se pase de 8 a 13 años de prisión para aquellos que abusen o acosen sexualmente a menores de edad, además de que se establezca la destitución de las personas que por sus funciones mantengan contacto directo con las víctimas.
La diputada de la bancada de Morena en el recinto de Donceles y Allende, Elizabeth Mateos Hernández es quien presentó la propuesta y al respecto fundamentó que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, en México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual proviene de familiares o personas conocidas cercanas.
Se pronunció a favor reformar los párrafos quinto y sexto del Artículo 181 BIS así como el segundo Párrafo de la fracción III y segundo párrafo de la fracción IV del Artículo 181 TER del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abuso y acoso sexual cometido en contra de menores de edad, a fin de incrementar las sanciones por esos delitos.
Inhabilitación en casos de servidores públicos
La congresista morenista además consideró pertinente establecer la inhabilitación como sanción adicional, cuando dichos delitos sean perpetrados por servidores públicos.
Planteó la destitución de aquellos que, debido a sus funciones laborales, docentes, médicas, domésticas o religiosas, mantengan contacto directo con la víctima.
Mateos Hernández expuso que el caso que se registró el año pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el Colegio Ana Pavlova, el cual tuvo que cerrar sus puertas tras las denuncias en la Fiscalía de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de al menos 10 familias por presuntos abusos físicos, psicológicos y sexuales contra menores de tres a cinco años, es tan sólo un ejemplo, por el cual se tienen que implementar sanciones más duras.
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Se mostró a favor de que quien realice actos en los que muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observar, se le impondrán de ocho a trece años de prisión, en lugar de cuatro y nueve años de prisión como se establece actualmente.
Asimismo, el que acose sexualmente a un menor de dieciocho años con la amenaza de causarle un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrá de cinco a diez años de prisión, en lugar de dos a siete años de prisión.
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