Con el objetivo de prevenir la violencia sexual en la administración pública local, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, promueve ampliar la declaración 3 de 3 para la contratación de servidores públicos.

Al respecto, la diputada morenista Nancy Núñez Reséndiz dijo que, para proteger a las mujeres contra el hostigamiento y acoso sexual, en los diversos centros de trabajo de la administración pública, en específico las 16 alcaldías de la capital del país, es preciso emprender una serie de reformas legales.

La vocera de la bancada de Morena en el Legislativo local señaló que es de sustantiva importancia que no sólo los aspirantes a cargos de elección popular, sino también los que integren los equipos de trabajo y que acceden a los diversos espacios de la administración pública como personal de confianza o titulares de las diferentes unidades administrativas en las 16 alcaldías, se les adicione un requisito más con el objetivo fundamental de prevenir la violencia sexual contra las mujeres por hostigamiento y acoso sexual.

“Esto con la intención principal de legislar en sentido de acciones preventivas con el objetivo de coadyuvar con el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, declaró.

Núñez Reséndiz, para tal efecto, presentó una iniciativa para adicionar las fracciones IV, V y VI del Artículo 72 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, con la cual se pretende prevenir la violencia sexual contra las mujeres.

Detalló que la propuesta pretende agregar un requisito más en relación a la declaración 3 de 3, pero en este caso como requisito para la contratación de personas servidoras públicas que fungirán como titulares de las diversas unidades administrativas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para prevenir la violencia de género y la violencia contra las mujeres.

Notificó que en el informe estadístico de los Registros de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2020 del Instituto de las Mujeres, se establece que el 92 por ciento de las víctimas (235) fueron mujeres, el 7 por ciento (17) hombres y el 1 por ciento (3) no se especificó el sexo de la víctima.

Históricamente, como sucede en los casos de violencia de género, en la administración pública federal, desde 2017 a la fecha la mayoría de las víctimas de hostigamiento sexual y de acoso sexual han sido mujeres, abundó.

Las denuncias han sido en su mayoría presentadas por mujeres, quienes han mencionado que es un hombre quien realiza los actos de hostigamiento y acoso sexual en contra suya, subrayó.

En su iniciativa, se pronuncia por adicionar el Artículo 72 de la Ley Orgánica de las Alcaldías para dejar establecido los requisitos para la contratación para quienes aspiren a la titularidad de las unidades administrativas, como el no haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar, por delitos en contra de la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.

Asimismo, que el interesado no haya sido registrado como deudor de pensión alimentaria morosa.

Nancy Núñez expuso que los datos pueden ser corroborados a través del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México y a través del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la metrópoli.

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Precisó que la iniciativa en materia de requisitos para las personas servidoras públicas en relación al 3 de 3 contra la violencia de género y la prevención de violencia contra las mujeres, toma como antecedente la reciente aprobación en 2021 del (Instituto Nacional Electoral (INE) de los lineamientos sobre el 3 de 3 contra la violencia de género, a fin de que los partidos políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección, firmen un formato, bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual, la intimidad corporal (personas acosadoras o agresoras sexuales, así como no estar registrado como deudor de una pensión alimentaria.

Comentó que la diferenciación que existe entre los casos de hostigamiento y acoso sexual entre mujeres y hombres es bastante significativa, lo cual no quiere decir que “neguemos que a los hombres también les suceda, pero dado que la cifra es más alta entre las mujeres que son víctimas de estas acciones, la iniciativa pretende coadyuvar a ser un instrumento de prevención para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia sexual a través del hostigamiento y acoso sexual”.

Refrendó que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pro de su igualdad con el hombre.

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