Con el objetivo de que sea invertido en planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios en materia de salud mental, dentro del Presupuesto de Egresos anual para el Gobierno capitalino, se debe considerar una inversión del 10 por ciento del total del asignado a la Secretaría de Salud (Sedesa).
Lo anterior es promovido por la integrante de la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, María de Lourdes González Hernández, mediante una iniciativa turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud de ése órgano deliberativo, en la que expone que en el 4° Informe de Gobierno de la actual administración local, no existe información suficiente para conocer cuáles han sido las acciones de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y fomento en materia de salud mental.
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Se pronunció por reformar al artículo 66 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, debido a que la actual legislación prevé que se invierta el 5 por ciento adicional al total del presupuesto anual de la Sedesa y se considera que tiene que ser por lo menos el 10.
La diputada priísta, en la iniciativa que presentó ante el pleno del Poder Legislativo local, recordó que de acuerdo con las últimas reformas al artículo 73 de la Ley General de Salud, las entidades federativas deben atender las nuevas competencias de forma coordinada con la Federación, en términos de su ámbito de actuación, lo que implica un impacto presupuestal que deben ya prever los gobiernos de las entidades.
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Asimismo, la representante popular por la alcaldía Cuajimalpa, detalló que a pesar de que el Decreto del 16 de mayo de 2022 entró en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, señalando que el Ejecutivo Federal tendría un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes, para las entidades federativas no se estableció un tiempo para comenzar a aplicar lo indicado.
González Hernández aclaró que, hasta el momento, el gobierno capitalino no ha presentado alguna propuesta de modificación a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal para armonizar lo previsto en el decreto citado, sobre todo en materia de impacto presupuestal que tiene el atender lo dispuesto en el artículo 73 Ley General de Salud.
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