El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio Torres, promueve mediante una iniciativa se derogue la ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas personas a las que se imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la metrópoli, del 1° diciembre de 2012 al mismo día de ese mes de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal.
Recordó que fue el 8 de junio del 2018, cuando se expidió la ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todos aquellos ciudadanos a los que se imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones de la Ciudad de México.
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Han transcurrido ya siete años desde los hechos, por lo que ya no se justifica que la ley forme parte de la normatividad vigente, fundamentó.
Al hacer uso de la tribuna en el marco de la sesión ordinaria del jueves, refirió que la legislación en cuestión, consta únicamente de nueve artículos y dos transitorios, cuyo objeto es eliminar la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad para un grupo específico de personas, que se manifestó, entre 1° de diciembre de 2012 y 1° de diciembre 2015.
Aprobaron Amnistía
El diputado de Acción Nacional detalló que la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó por unanimidad, con el voto de 40 legisladores presentes, esa ley de amnistía para todas aquellas personas detenidas, consignadas, procesadas y sentenciadas.
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Aclaró que la legislación ya ha cumplido con su objetivo y los manifestantes que cometieron delitos o no, mayores o menores de edad, detenidos o sustraídos de la acción de la justicia, ya se acogieron a los beneficios de la ley, a fin de obtener su absolución.
Ricardo Rubio expuso que la iniciativa se funda en dos respuestas a solicitudes de información que le respondieron representantes de la Fiscalía General Justicia (FGJ) como del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos de la ciudad, con el objeto de saber si aún había personas que podían acogerse al beneficio de la ley sujeta a abrogación y la respuesta en ambos casos, es que ya no hay alguien que pueda beneficiarse.
Por ello, la ley ya no tiene razón de ser y puede ser suprimida del sistema jurídico aplicable y vigente de la Ciudad de México.
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