Desde junio de 2023 hasta el pasado 2 de junio del 2024, Causa en Común registró un total de 67 actores políticos asesinados en 18 entidades, incluyendo 36 aspirantes o candidatos y tres candidatos ganadores, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018.
Estados con más asesinatos
Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero (15), Chiapas (11) y Michoacán (7).
De ahí que la Organización de la Sociedad Civil aseguró que es verdad que las elecciones del pasado 2 de junio fueron ordenadas y pacíficas; “no lo fueron antes de la jornada electoral, no lo fueron en varios puntos del país durante la misma, y no lo han sido después.
Por lo tanto, agregó, tampoco es cierto que las medidas de protección para aspirantes y candidatos fueran efectivas.
México enfrenta una criminalidad desbordada que debe reconocerse y enfrentarse rescatando y fortaleciendo a sus policías y a sus fiscalías, indicó.
Candidatos por partido
Especificó que de entre los aspirantes o candidatos, el 31% contendía por MORENA (más el 8% por el Partido Verde y el 6% por el PT); el 42% lo hacía por la coalición opositora (8 por el PRI, 6 por el PAN y uno por el PRD); el 8% corresponde a Movimiento Ciudadano, y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales. El 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal.
Causa en Común resaltó que en los días siguientes a la elección, fueron asesinados seis actores políticos, incluyendo tres candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, dos de ellos para la presidencia de sus municipios.
En total, considerando a funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas, se contabilizaron 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país.
Comentó que es claro que la violencia en contra de actores políticos no se limita a los periodos electorales, sino que forma parte de la realidad cotidiana de numerosas comunidades del país.
Como muchas otras atrocidades, este fenómeno es consecuencia de una criminalidad desbordada y de la impunidad con la que actúa.
Por ello, Causa en Común insiste en la urgencia de reconocer la ineficacia de la militarización en materia de seguridad pública, y de poner en marcha programas de fortalecimiento institucional de policías y fiscalías.
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