Para evitar que se realicen despojos en la Cuidad de México fue instalada la tarde de este miércoles una mesa de trabajo en la que participan la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Colegio de Notarios.

Cifras de la procuraduría capitalina indican qué hay casi 500 carpetas de investigación sobre este delito.

Héctor Villegas Sandoval, titular de la CEJUR y coordinador de la mesa de trabajo, dijo que intercambiarán información sobre procesos en marcha y colaborarán con distintas medidas -cada una y de manera conjunta- para resolver el problema.

El objetivo será generar certeza en el patrimonio de las personas, fortalecer medidas de seguridad, mecanismos de validación de la documentación y sentencias que brinden seguridad a la ciudadanía.

Entre los primeros acuerdos es concentrar dichas carpetas de investigación iniciadas sobre despojo en una sola Fiscalía, la de Asuntos Especiales, adscrita a la PGJ, para perfilar la especialización de fiscales, aprovechar sus saberes y experiencia en la resolución de los casos.

Sobre el tema, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy dijo que existen dos modalidades de despojo, en el primer caso personas entran a inmuebles donde viven adultos mayores o mujeres solas y les cambian la chapa.

Y el segundo se trata de invasiones de organizaciones sociales; sentencias apócrifas, o verdaderas pero con fraudes procesales.

La abogada de la Cuidad detalló que hasta el momento, alrededor de 50 inmuebles han sido devueltos a sus propietarios.

Sobre el tema, Marco Antonio Ruíz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios informó que en 2018 y lo que va de 2019 han denunciado 15 casos de suplantación de identidad y 31 casos de documentación apócrifa.

Para prevenir esa práctica dijo que ya utilizan papelería con altos elementos de seguridad y protección para identificar si un documento fue emitido por alguna Notaría o es apócrifo, además de impulsar que los documentos notariales sean telemáticos.

Por su parte, el Magistrado Presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, dijo que el problema radica en que a través de la comisión de un delito se pretende tener un beneficio patrimonial y anunció que en breve presentará un protocolo que articule las acciones que deriven en sentencias sobre despojos y donde el juez cuente con información de otras instituciones de la ciudad.

También trabajan ya en un módulo piloto sobre identificación de documentos, con código QR.

Además, se dará atención especial a grupos vulnerables, personas adultas mayores, mujeres solas, o con bajo nivel educativo que les limita defender su propiedad.