A pesar de la pandemia, personal de vía pública de la alcaldía de Benito Juárez, realizan actos de corrupción, al condicionar a los comerciantes en el espacio público que por una cantidad de dinero, les permitirán las reinstalación en las zonas donde laboraban antes de la pandemia.

Los afectados, aseguran que desde finales de Febrero, un gran número de vendedores que tenían años dedicándose a ese trabajo no asalariado, los representantes de la alcaldía que encabeza Santiago Taboada, les prometieron que a cambio de acatarse a las disposiciones como no instalarse para evitar los contagios de coronavirus, al regreso les iban a respetar los espacios que ocupaban, no lo cumplieron.

“Nos mintieron porque nos instalaron grandes macetones en las banquetas y también desmantelaron nuestros puestos con la intención de que no volviéramos”, refirió Rigoberto Nájera quien desde hace dos décadas vende tacos sobre la calle de Miguel Ángel y San Antonio en la alcaldía de Benito Juárez.

Explicó que hace unos días tuvieron contacto con personal de la vía pública de esa alcaldía para exigirles que cumplieran con lo prometido, sin embargo, tuvieron sólo con respuesta la amenaza de que si querían volver a sus puestos, tendrían que entrarle con una gran cantidad de dinero.

Los comerciantes de ese espacio, acusaron a Alejandro Ugalde, encargado de las camionetas que inspeccionan el espacio público en esa jurisdicción, gobernada por un panista.

Sobre la calle Miguel Ángel y San Antonio, colonia Nonoalco son más de 40 los comerciantes que fuego retirados de las banquetas sin justificación alguna a base de engaños y promesas de las autoridades.

“Las autoridades no cumplen, aún cuando estamos en plena recesión económica y el trabajo no asalariado será uno de los motores para amortiguar la falta de empleos, aún así nos siguen criminalizando como si fuéramos delincuentes, cuando lo único que pretendemos es ganarnos la vida de manera honrada, refirió Rigoberto Nájera.

Los afectados señalaron que ya ingresaron una queja en la que expusieron violaciones a sus derechos laborables contemplados en el catálogo de los Detechos Humanos y que se basa en la Reforma Constitucional en la que los derechos laborales con contemplados ahora como un derecho natural de todo ser humano.