Como parte de una propuesta para salir de la crisis económica en que se encuentran personas trabajadoras, la organización Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando (WIEGO (por sus siglas en inglés) presentó un Plan de recuperación económica para trabajadoras en empleo informal en la Ciudad de México.
Ahí se propone aumentar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Actualmente es de 188 MXN y no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia.
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El programa incluye: asistencia financiera inmediata y apoyo a los medios de sustento; un ingreso mínimo vital; acceso a vivienda digna; capacidades para medios de sustento; protección social; ambiente favorable en el espacio público; medidas activas de las autoridades para que puedan trabajar sin temor a la violencia; y políticas para el reconocimiento y la legitimidad de las personas trabajadoras en empleo informal.
La Coordinadora Internacional de WIEGO, Sally Roever, indicó que a raíz de la pandemia el ingreso de este grupo de población decreció en 91% en la CDMX, lo cual impactó en el consumo de alimentos, pérdida de ahorros y venta de bienes.
En tanto, la Coordinadora para la Ciudad de México del Programa “Ciudades Focales” de WIEGO, Tania Espinosa Sánchez, explicó la motivación de dicho Plan de recuperación económica luego de la pandemia por Covid-19, a partir de las aportaciones de este sector en distintos ámbitos de la vida de la Ciudad.
Espinosa Sánchez sostuvo que las personas trabajadoras en empleo informal y las organizaciones que las acompañan, deben participar activamente en la estrategia de recuperación que considere sus necesidades y derechos.
El programa también incluye apoyo a los medios de sustento, ya que datos para la Ciudad de México arrojados por el estudio global “La Crisis de la Covid-19 y la economía informal”, el 73% del total de las personas entrevistadas reportó haber disminuido sus ahorros al haberlos utilizado para lidiar con la crisis y el 95% de estas personas no habían podido restituir sus ahorros en el 2021.
Las trabajadoras en empleo informal consideran prioritario que el gobierno garantice las siguientes condiciones: Acceso a créditos, con bajo interés o sin interés, para poder comprar mercancía para vender, pagar la hipoteca, saldar diversas deudas derivadas de la crisis de la pandemia o adquirir nuevas herramientas de trabajo.
Así como vales de despensa o canasta básica de alimentos; cupones de descuento para transporte público. Apoyo del gobierno para cubrir gastos básicos como agua, electricidad y gas. Ayuda para la adquisición de útiles escolares para las hijas e hijos de personas trabajadoras en empleo informal.
Además, condonación del gobierno al 100 % de los pagos y sanciones que se hayan generado en el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) durante los últimos 3 años, para las personas comerciantes que trabajan en vía pública.
Las mujeres tienen una mayor participación con trabajo informal que los hombres en el sector terciario, 88.5% contra el 74.6%, con una alta presencia en el comercio, servicios diversos y sector de restaurantes y servicios de alojamiento; una menor representación en los sectores primarios y secundarios, según el Informe “Protección de Ingresos a Personas Trabajadoras Informales en tiempos de Covid-19”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), representan el 55.7 % de las personas que laboran en la Ciudad de México.
En tanto no se evidencie la aportación económica y social del trabajo no asalariado en su diversidad, será muy complejo modificar las estructuras económicas, legales y sociales necesarias para revertir cualquier sistema de precarización.
El trabajo formal a nivel nacional, ha registrado desde octubre del 2019 una pérdida de 865 mil 234 empleos reportados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que tuvo un efecto catastrófico a la llegada de la pandemia.
En su oportunidad, el Secretario General de la Unión de Aseadores de Calzado de la Ciudad de México, Víctor Miguel Pérez Serrano, señaló que las autoridades cometen abusos, por lo que es necesario respetar los derechos de las y los trabajadores, toda vez que cuentan con una licencia de trabajo en el espacio público.
La voluntaria del Servicio Público de Limpia capitalino, Enriqueta Loreto Corona, lamentó que las autoridades no las protegieran para llevar a cabo su labor de recolección de residuos durante la pandemia. Es urgente el reconocimiento y apoyo para contar con herramientas necesarias para su labor.
En tanto, la Secretaria General Colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), Norma Palacios Trabamala, explicó que han iniciado este diálogo y defensa de sus derechos, creando alianzas para cambiar el panorama de desigualdad y discriminación.
El estudio de WIEGO destaca otra de las demandas es reducir la burocracia para el acceso a los programas de apoyo, sin trámites largos y complicados, así como darles la suficiente promoción, para facilitar el acceso a las personas trabajadoras en empleo informal.
Espinosa Sánchez refirió que el gobierno de la ciudad y el legislativo deben impulsar una conversación participativa junto con las personas trabajadoras en empleo informal sobre el Mínimo Vital, contenido en la carta de derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Garantizar el acceso a la protección social para las personas trabajadoras en empleo informal, que incluya por lo menos: acceso a servicios de salud de calidad, acceso a servicios de salud mental, gastos médicos, incapacidad por enfermedades o accidentes laborales, ahorro para el retiro, pensión, guarderías, seguro de desempleo, apoyo en especie como útiles y uniformes para hijas e hijos de las personas trabajadoras, actividades recreativas y lúdicas.
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