Más de un millón de pequeños comercios formales a nivel nacional han cancelado sus operaciones de marzo a diciembre al haber terminado con sus ahorros para solventar sus gastos de operación y no poder acceder a planes de financiamiento extraordinarios, denunció el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño AC).
En una conferencia de prensa virtual, el presidente de esa organización, Gerardo López demandó un plan financiero para enfrentar la crisis que tienen los comerciantes, pues en el plazo antes citado, las ventas de los pequeños comercios se desplomaron entre 70 y 80 por ciento y la pérdida de 300 mil empleos.
Consideró que será necesarios apoyos de por lo menos 100 mil pesos para salir de la crisis en la que se encuentran por la pandemia de Covid-19.
López Becerra argumentó que haber regresado al semáforo rojo implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México por el aumento en los casos de coronavirus va a fatal para el comercio al provocar el cierre de por lo menos 50 mil negocios.
Dijo que los microcréditos de entre 10 mil 25 mil pesos que colocó por medio de la Secretaría de Economía durante los primeros meses de la pandemia son insuficientes, ya que se necesita apoyos de por lo menos 100 mil pesos.
Refirió que el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM señala que las alcaldías y municipios ubicados en la zona oriente de la metrópoli como son: Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, así como los municipios de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chimalhuacán, son de alto riesgo de contagios y es donde también se instalan grandes mercados y tianguis.
Señaló que se han permitido de manera discriminada la instalación de vendedores ambulantes, lo cual genera múltiples concentraciones de personas, y se está más expuesto a los contagios.
El representante de ConComercio Pequeño manifestó que ante el “semáforo rojo” que se impuso para la Ciudad de México y el Estado de México la gran mayoría del comercio formal ha asumido con mucha responsabilidad las medidas implementadas
“Sabemos que para muchos mexicanos el comercio ambulante es, lamentablemente, la principal fuente de ingresos para el sustento de sus familias. Al realizar sus actividades principalmente en la calle, con escasos o nulos controles sanitarios, el ambulantaje se constituye en un factor de alto riesgo. Durante la etapa de confinamiento se logró tener medidas de higiene que meses después se perdieron.
Hoy en pleno semáforo rojo, el comercio ambulante sigue sin control sanitario en zonas del Estado de México y la Ciudad de México, remarcó.
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El representante de los comerciantes manifestó que a diferencia del comercio ambulante, el establecido clasificado como “no esencial” que fue señalado en los comunicados oficiales, cerró sus establecimientos a partir del sábado 19 de diciembre cuando se decretó el semáforo rojo.
El Centro Histórico de la Ciudad de México, así como el ubicado en diversas plazas comerciales de ambas entidades y nodos comerciales, están asumiendo las pérdidas económicas que tendrán por las ventas no realizadas en fechas de alta movilidad comercial como son 24 y 31 de diciembre, así como el 6 de enero.
Los programas de amortiguamiento gubernamental que privilegiaron los préstamos de 25 mil pesos para enfrentar el cierre de la actividad comercial durante los primeros 3 meses, fueron totalmente insuficientes, citó.
Asimismo, expuso que la renta se constituye en el principal factor de presión ya que alrededor del 80 por ciento del comercio en pequeño y empresas familiares arrendan sus locales. Para quienes recibieron el préstamo gubernamental, ahora tienen un adeudo más a los que se suman los conceptos de renta, luz, impuestos, pago a proveedores, pago de trabajadores, pago al IMSS, entre los principales.
Recalcó que es necesario que las autoridades de los 3 niveles trabajen coordinados para ofrecer al comercio en pequeño y empresas familiares un plan económico y financiero que ofrezca los recursos necesarios para el pago de rentas, adeudo a proveedores, pago de nómina y salarios, así como el apoyo necesario para la negociación en adeudos de luz, agua, impuestos y los pagos al IMSS.
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