Para combatir la extorsión en la Ciudad de México, el gobierno buscará que ese delito se catalogue como grave y que su pena aumente de 10 a 15 años de prisión a fin de que quien lo cometa no alcance fianza.

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, explicó que la estrategia tiene como punto de partida una iniciativa de reformas al artículo 148 del Código Penal local para endurecer las penas a aplicar a los extorsionadores, ya que actualmente la sanción solo es de cinco años de cárcel y dos mil unidades de medida, equivalentes a más de 217 mil pesos, como multa.

La funcionaria dijo que con la propuesta de modificación que Clara Brugada, jefa de gobierno, enviará esta semana al Congreso local, los extorsionadores recibirán sentencias que van de los 10 a 15 años de prisión y tres mil unidades de medida, a fin de que no alcancen ningún tipo de fianza. Este delito también se podrá perseguir de oficio.

Brugada afirmó que la estrategia para combatir la extorsión tiene el objetivo de actualizar el tipo penal a la realidad actual.

“Dejará de ser un delito que solo atañe al patrimonio, como ahorita está, para contemplar el daño que causa en la dignidad, en la integridad física y psicológica de las personas, se busca sancionar no solo el delito de ejercer violencia física o moral sino la amenaza también”, dijo.

Las autoridades locales reforzarán la estrategia contra la extorsión en la Ciudad de México a través de una campaña de prevención, la entrada en servicio de una línea telefónica y un chatbot para que las víctimas reporten los casos y reciban orientación jurídica y psicoemocional.

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Clara Brugada advirtió que no habrá tregua en el combate a este delito, además de tomar medidas en contra de la cobranza ilegal, especialmente en la modalidad denominada “gota a gota”.

La campaña publicitaria de prevención abarca la impartición de mil talleres y pláticas preventivas dirigidas a integrantes de redes vecinales, comerciantes y empresarios para orientarlos sobre qué deben de hacer, cómo actuar y cómo coordinarse con el gobierno.

Agregó que otro componente del programa es la campaña "Juntas y juntos contra la extorsión". Tu seguridad es nuestra prioridad, a llevarse a cabo en distintos medios de difusión para que la población sepa que su administración atenderá reportes y denuncias sobre este delito las 24 horas y los 365 días del año.

Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, informó que desde este lunes el número 55 5036 3301 es la “línea antiextorsión”, y aseguró que el tiempo que tardarán los 15 operadores encargados en contestar una llamada será de uno a cinco segundos, con una capacidad de atención de 480 telefonemas diariamente. El funcionario agregó que la víctima recibirá una canalización inmediata que abarca la asesoría jurídica y psicoemocional.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, anunció que también un chatbot recibirá las denuncias que presenten las víctimas y recomendó acudir directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) o a la corporación a su cargo para reportar los casos. Ahí el personal canalizará a las víctimas a áreas especializadas para su atención, evaluarán el nivel de riesgo, darán recomendaciones prácticas y seguras, apoyarán en la desactivación de amenazas en el caso de extorsiones telefónicas y proporcionarán asesoría jurídica y psicológica.

En los casos de contacto presencial entre el delincuente y el afectado, los denunciantes recibirán la orientación de un equipo multidisciplinario, cuyos integrantes lo entrevistarán a profundidad para generar inteligencia, una nueva evaluación del peligro, le darán alternativas de acción y definirán el despliegue de medidas de protección y resguardo.

“Ya analizado el tema y evaluado el riesgo, si así lo amerita el caso se pasará a la atención y acción para desactivar y neutralizar la amenaza, para ello desplegaremos las capacidades de investigación como seguimientos por medio de videovigilancia, para poder detener en flagrancia por medio de técnicas de investigación como pagos controlados y cateos en coordinación con la fiscalía general de Justicia de forma que podamos desarticular a las células o personas que estén incurriendo en esta práctica”, advirtió Vázquez Camacho.

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Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de Justicia local, reconoció que hay un nivel de denuncia bajo porque solamente tienen abiertas tres mil 500 carpetas de investigación y que, de aprobarse la iniciativa de reformas al Código Penal local, tendrá un fortalecimiento de las averiguaciones para así llegar al fondo en cada uno de los casos. Adelantó que se construirá la Fiscalía Especializada en Extorsión para tener mayor capacidad de respuesta y más eficiente hacia los afectados por ese delito.