El Gobierno de la Ciudad de México gasta una buena parte de su presupuesto a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a proveedores; incluso, estas dos figuras representan 56.2 por ciento del total del gasto de las obras y servicios públicos contratados en 2021, por encima del 33.7 por ciento que se dio a través de licitaciones públicas.

Aunque la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas establece que el presupuesto se debe ejercer primordialmente a través de licitaciones públicas, que permiten transparentar los montos y empresas contratadas, el mecanismo de invitación restringida y adjudicación directa, creados para situaciones excepcionales, son utilizadas comúnmente por la administración capitalina.

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Ante esta situación, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, aclaró que se incurre en una falta al no cumplir con la Ley de Adquisiciones, así como con la de Obras, que establecen una proporción del 80 por ciento para licitaciones públicas y 20 por ciento para adjudicaciones directas, de conformidad con los límites que se tienen en secretarías y organismos públicos.

SIN TRANSPARENCIA

Señaló que al haber logrado Morena quitarle la facultad al Poder Legislativo local de designar a los contralores de cada dependencia y entidades, tras modificar la Constitución de la Ciudad de México, para que sean nombrados directamente por el titular de la Secretaría de la Contraloría General del gobierno capitalino, “no hay quién controle o regule el ejercicio”, porque se trata de personas afines a la administración y partido en el poder.

“No hay quien controle y castigue, observamos que no hay transparencia ni claridad en el ejercicio y la aplicación del presupuesto, que hace que el dinero alcance menos. No hay obras que se vean, como hospitales y clínicas, porque se va mucho recurso en gastos que no se logran identificar”, declaró el congresista perredista en entrevista con LA PRENSA.

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De acuerdo con datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay una corriente creciente en el gobierno mexicano a hacer cada vez más oscuras las contrataciones. En el periodo 2011-2021 hay una tendencia constante a la baja en el caso de las licitaciones públicas y un aumento en otros mecanismos de contratación, lo que se refleja también en el gasto de las 32 entidades federativas.

La organización señaló que en el caso de las invitaciones restringidas, aunque reducen el riesgo de corrupción, siguen dejando en manos del gobierno capitalino la facultad discrecional de determinar a qué empresas o proveedores se convoca, y en 2021 este mecanismo registró 27 por ciento del total de contratos otorgados por la administración local y que fueron registrados en la plataforma Compranet.

No obstante, cabe aclarar que no todos los contratos otorgados están ingresados todavía a la plataforma Compranet, a lo que se suma que las intermitencias que ha habido en los últimos meses en ese servicio dificulta aún más el seguimiento a los gastos del gobierno local.

Lobo Román insistió que está la puerta abierta para que la autoridad no cumpla la ley y hacer lo que quiera e incurrir en irregularidades, porque no hay transparencia y rendición de cuentas, lo que da lugar a que los ejecutores del gasto lo hagan a discreción, más cuando se carece de sanción, por ser parte de la administración pública.

LA PANDEMIA, UN PRETEXTO

En su momento, el integrante de la bancada del PAN en el recinto de Donceles y Allende, Federico Döring Casar, en entrevista con LA PRENSA, urgió a volver a modificar la Ley de Adquisiciones y la Constitución local. Dijo que es preciso que los contralores internos sean nombrados por el Legislativo, lo que no se hace por capricho de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Hay toda una opacidad con una Contraloría General carnal y puros contralores de Morena, que sin duda da lugar a la corrupción e impunidad, con desvió de recursos a otros fines para los cuales fueron asignados, aseguró.

Acusó que con pretexto de la pandemia, funcionarios y servidores públicos capitalinos privilegian las adjudicaciones directas, con lo que se excluye la posibilidad de recibir ofertas en bienes y servicios que permitan obtener ahorros a la administración pública, sin afectar la calidad de las compras o adquisiciones.

Por ello, se mostró a favor de poner freno a la corrupción en compras gubernamentales, más cuando las alcaldías privilegian adjudicaciones directas, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Al exigir transparencia y que las contrataciones se hagan con licitaciones fuera de toda simulación, señaló que gobiernos de las demarcaciones territoriales emanados de Morena han aumentado durante la pandemia en al menos un seis por ciento las compras sin concursos abiertos.

La postura que sostiene, es que se debe cambiar la ley, regresarle el control de las contralorías al Congreso, para que no se aplique la discrecionalidad y no se entorpezca la transparencia.

POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, se pronunció a favor de hacer cambios a la Ley de Adquisiciones en materia de transparencia, que derive en lograr procesos de contratación en los que no se ponga en duda su claridad.

Una vez que expusiera que se trata de evitar opacidad y corrupción dentro del gobierno capitalino, pugnó porque haya una verdadera rendición de cuentas eficaz en la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública local.

Todo va dirigido a un combate frontal a la corrupción y al referirse a su iniciativa para modificar la ley, turnada directamente a las Comisiones de Administración Pública del Poder Legislativo, el diputado por Movimiento Ciudadano expuso que, ante la evidencia de irregularidades de todo tipo en los contratos, en las que están involucradas empresas y personas servidoras públicas, es preciso mejorar la legislación.

Hizo notar que uno de los casos reciente es el de la Línea 12 del Metro, al adjudicarse de manera directa a la empresa noruega DNV la realización del peritaje del accidente que se registró en un tramo de ese transporte el 3 de mayo de 2021, el cual luego fue descalificado por el gobierno de la ciudad.

“Deberíamos, como Congreso y ciudadanía, tener acceso a la información contenida en el tercer informe que el gobierno capitalino no ha aceptado y así sabríamos por qué se han negado a reconocerlo y publicar qué es lo que está mal”, añadió.

Informó que el Instituto Mexicano para la Competitividad identificó que en los últimos dos años el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas se incrementó 59 por ciento a raíz de la atención a la pandemia por Covid-19, con casos identificados en el gobierno citadino, como el registrado en marzo de 2020 cuando adquirió a sobreprecio ventiladores mecánicos por un monto de 384 millones de pesos, costo superior, incluso, al pagado por el gobierno federal.

Expuso que actualmente hay, al menos, tres criterios para evaluar el uso eficiente de recursos públicos desde el marco constitucional: libre competencia, transparencia y el cumplimiento de la norma, que el gobierno local no acata.

“Es necesario fortalecer un marco normativo que transparente los procesos de planeación y selección de los proyectos públicos; establezca y haga cumplir los controles de transparencia y rendición de cuentas, para reforzar los mecanismos de transparencia, seguimiento y contraloría social”, delineó.

Insistió que los cambios propuestos son indispensables para lograr un verdadero combate a la corrupción en el manejo de los recursos públicos del gobierno local.

Royfid Torres refirió: “Leer una noticia sobre alguna irregularidad en algún contrato público es, en la ciudad y en el país, cosa de todos los días; en los últimos años, contrataciones públicas, sean adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas, han sido sujeto del escrutinio debido a los numerosos casos de corrupción que se han hecho del conocimiento de la ciudadanía”.

Para el congresista ciudadano, ante esos casos, sólo 3 por ciento de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación han causado sentencia y, el mismo organismo, emitió mil 341 recomendaciones para hacer los procesos de contratación y compras más transparentes, apegados al marco constitucional, de las cuales sólo 213 fueron debidamente atendidas.

“El marco normativo vigente en materia de adquisiciones ha demostrado ser insuficiente y tiene que ser revisado. Es necesario que los procedimientos de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realizan las entidades públicas de la ciudad logren mayor transparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos y mayor control y vigilancia por parte de las instancias responsables. El combate a la corrupción no sólo se debe quedar en el discurso”, sentenció.

FALTA DE PLANEACIÓN

Víctor Hugo Lobo Román recalcó que en la Ley de Obras se establece con claridad el límite de montos para adquisiciones directas. Indicó que la excepción para una adjudicación directa es una mayor oportunidad de financiamiento o una mejor compra.

En su opinión ese tipo de adquisiciones tiene que ver con tres factores: una falta de transparencia, la idea de no abrir el concurso a todas las empresas y cerrar sólo para unos cuantos. “Adjudicar el contrato con presupuesto, no da transparencia”.

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Mencionó que antes el Congreso evaluaba a los contralores y se les auditaba, pero al estar Morena en contra de ello, hizo cambiar las leyes y la Constitución, a la vez que resaltó que cuando no hay rigor para esclarecer que un ente está observado, se puede dar lugar a irregularidades.

Estimó que por parte de la administración capitalina, hay una falta de planeación y proyección clara de cómo ejercer el presupuesto y con qué se debe cumplir. Abundó que desde que se construye un programa operativo anual, se asigna el recurso y en enero o febrero tiene que llevarse la licitación.

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