El gasto en seguridad y justicia ha disminuido 22.5% en términos reales entre 2018 y 2022, asegura el estudio ¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Esta tendencia contrasta con lo observado en el sexenio anterior cuando hubo incrementos durante los primeros cuatro años.
El estudio advierte que existe un rezago presupuestal de al menos 225 mil millones de pesos (mmdp) ocasionados por la reducción del gasto público durante la actual administración.
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Un ahorro mal entendido
Al respecto, el director del ONC, Francisco Rivas, afirmó que “la cantidad que no se ha destinado en los primeros 4 años de esta administración federal, casi hubiera alcanzado para un año extra de atención presupuestal a esos temas. Este ha sido un ahorro mal entendido que ha conllevado graves consecuencias para toda la población”.
“Se demuestra cómo la ruptura de mecanismos de colaboración entre las autoridades federales y la sociedad civil organizada ha debilitado la operación de las dependencias involucradas en seguridad y justicia, mermado la transparencia e imposibilitado la rendición de cuentas”, explicó.
Desmantelamiento de instituciones
El estudio exhibe el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia y estima el costo de remontar los rezagos generados en los últimos cinco años.
Al presentar el citado estudio, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad resaltó que de la tragedia en seguridad y justicia que exhibe el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia y estima el costo de remontar los rezagos generados en los últimos cinco años.
Este documento no solo presenta un balance del gasto público del actual gobierno federal, sino que muestra una aproximación al costo financiero del desmantela- miento o debilitamiento institucional en la materia.
Fallas en política pública
El reporte destaca que la reducción presupuestal se suma a las múltiples fallas de política pública que el ONC ha documentado a lo largo de este sexenio. Bajo esta lógica, Rivas enfatizó que no se trata de falta de recursos, ya que sí existen para financiar otros proyectos y programas; más bien el gobierno trasladó a la sociedad el costo de oportunidad de no invertir en seguridad y justicia.
El gobierno federal decidió ignorar la urgencia nacional de disminuir la incidencia delictiva y la violencia.
Cabe destacar que el informe da cuenta de la inefectividad del gasto público al considerar la incidencia del homicidio doloso, feminicidio, extorsión, narcomenudeo, violación, así como otras problemáticas severas como la desaparición de personas, el desplazamiento forzado interno, el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otras.
Severas deficiencias
El reporte expone severas deficiencias presupuestales de instituciones clave como la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En contraste, el reporte destaca el incremento del gasto público correspondiente al FASP desde 2019. Sin embargo, Rivas advirtió que es necesario interpretar este incremento con cautela, ya que la calificación que obtuvo el programa al evaluarlo como política pública fue la más baja. Esto sugiere que los recursos no están sirviendo para lo que se pensaron.
El ejercicio del gasto de la CEAV llamó la atención por la disminución del presupuesto asignado, así como sobre ejercicios crecientes al año siguiente, es decir, al mismo tiempo que se le retiraron recursos, la institución terminaba gastando más.
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En cuanto a la CNBP, esta institución de la Secretaría de Gobernación recibió un impulso presupuestal significativo en este sexenio, sin embargo, sus resultados son inciertos en cuanto a la localización de personas desaparecidas y el fortalecimiento de las comisiones estatales de búsqueda.
Mientras que la CNDH perdió la estabilidad presupuestal que le caracterizaba desde 2013 y ello ha estado acompañado por una serie de dudas sobre su legitimidad como lo demuestra su cuestionable participación en temas electorales, así como la renuncia de su Consejo Consultivo.
El director del Observatorio sostuvo que el decremento marcado del gasto público en seguridad ha hecho casi imposible la labor de las dependencias encargadas de prevenir y combatir los delitos a la par que ha favorecido los ejercicios de violencia, la impunidad y el control territorial por parte de diversos grupos delictivos.
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