Para proteger con eficiencia el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México que se dedican a la ganadería o dependen de sus recursos agropecuarios para subsistir, el diputado Pedro Haces Lago presentó una iniciativa que tipifique el robo de ganado, conocido como abigeato, como un delito autónomo en el Código Penal local.
“El requerimiento no sólo es una medida de seguridad, sino también una acción preventiva para evitar la sustracción de cabezas de ganado, que pueda resultar en un detrimento económico en los ingresos de las y los propietarios”, resaltó.
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Asimismo, propuso sanciones más severas en tres casos específicos: si el ganado es trasladado a otras entidades; si se sustraen más de 10 cabezas en un solo evento; o si el robo se realiza con violencia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito ha mostrado un alarmante aumento en el país, pasando de 472 casos en 2019 a más de 3 mil en 2020, resaltó.
El legislador señaló que “ante los enormes retos de seguridad que enfrenta nuestra Ciudad, es imprescindible que, como legisladores, generemos las condiciones legislativas para que la política criminal siga avanzando hacia un derecho penal moderno que tienda a proteger eficazmente sus ámbitos de intervención y que realmente resuelva problemas sociales”.
La propuesta presentada por el diputado tlalpense incluye la adición de los artículos 226 quater y 226 quinquies al Código Penal, con el objetivo de prevenir y sancionar el apoderamiento ilegal de animales como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y otras especies clave para la economía agropecuaria.
Hizo hincapié que esta medida es un paso hacia un derecho penal moderno, que no solo protege el patrimonio de nuestras comunidades, sino que también disuade a los delincuentes de cometer este tipo de crímenes. Queremos justicia para las y los habitantes de las zonas rurales que dependen de esta actividad para subsistir”, expresó el legislador.
Con esta reforma, se busca alinear su marco jurídico a las necesidades actuales y garantizar mayor seguridad a las familias dedicadas al sector agropecuario.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.
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