/ miércoles 7 de junio de 2023

Planeación CDMX debe tomar en cuenta a la gente y apegarse a la ley, responde Ricardo Rubio a Martí Batres

La ciudad ha tenido un trágico desarrollo de toma de decisiones como lo ha sido la gentrificación, haciendo a los lugares públicos junto a sus viviendas un tema que debe ser protegido

Al asegurar que el titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la administración capitalina, Martí Batres Guadarrama, miente al decir que no hay irregularidades respecto al nuevo Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, el panista Ricardo Rubio Torres, sostuvo que es lamentable la mala implementación del mecanismo clave para realizar una consulta ciudadana efectiva, debido a que muchas organizaciones, ciudadanos, pueblos y barrios originarios han denunciado que no se les ha tomado en cuenta.

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El integrante de la bancada del PAN en el recinto de Donceles y Allende refirió que no es cierto lo precisado por Batres, en el sentido de que no hay un fundamento legal que obligue la creación de una Ley de Ordenamiento Territorial.

Y declaró “es tan sencillo como leer la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la cual al parecer nunca la ha leído (Martí Batres), porque en el Artículo Sexto Transitorio se estipula que debía de haber sido el Congreso capitalino el que aprobara la Ley de Ordenamiento Territorial durante el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, previa consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes respecto de aquellos contenidos que fueran susceptibles de afectar sus derechos”.

El congresista panista estableció que lo anterior es claro y resulta ser un mandato legal la publicación de una Ley de Ordenamiento Territorial, previo a la emisión de los documentos que se han intentado divulgar cinco años más tarde.

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“Debemos recordar que la ciudad ha tenido un trágico desarrollo de toma de decisiones como lo ha sido la gentrificación, haciendo a los lugares públicos junto a sus viviendas un tema que debe ser protegido ante los presentes planes del gobierno en turno; precisamente eso es lo que debería de establecerse en estas nuevas proposiciones, un tema en lo que se debería de estar trabajando todos y todas como Estado, y no por el contrario, simplemente estar buscando excusas para no hacer frente a la nueva realidad”, delineó el representante popular del blanquiazul.

Rubio Torres detalló se refirió a las declaraciones de expertos de la UNAM, dadas en el tercer foro de discusión sobre la nueva propuesta de PGOT, quienes respaldaron que es crucial un instrumento encargado de regular estas acciones y la formulación de documentos claros.

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Se trata, dijo, de “plasmar los procesos de una debida elaboración y consulta, documentos que no han sido publicados o solo algunos funcionarios han tenido acceso a ellos, violando el derecho a la información de todos y todas”.

Ricardo Rubio aludió el fracaso de dos consultas las cuales ha intentado el gobierno de Claudia Sheinbaum, una que concluyó en agosto de 2021, y otra en agosto de 2022; como siempre fallaron en ambos intentos, opinó.

“Este año resultó peor, no hubo consulta y desean imponer sus caprichos nuevamente, situación que estaría violando la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México”, sentenció.

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Al asegurar que el titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la administración capitalina, Martí Batres Guadarrama, miente al decir que no hay irregularidades respecto al nuevo Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, el panista Ricardo Rubio Torres, sostuvo que es lamentable la mala implementación del mecanismo clave para realizar una consulta ciudadana efectiva, debido a que muchas organizaciones, ciudadanos, pueblos y barrios originarios han denunciado que no se les ha tomado en cuenta.

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El integrante de la bancada del PAN en el recinto de Donceles y Allende refirió que no es cierto lo precisado por Batres, en el sentido de que no hay un fundamento legal que obligue la creación de una Ley de Ordenamiento Territorial.

Y declaró “es tan sencillo como leer la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la cual al parecer nunca la ha leído (Martí Batres), porque en el Artículo Sexto Transitorio se estipula que debía de haber sido el Congreso capitalino el que aprobara la Ley de Ordenamiento Territorial durante el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, previa consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes respecto de aquellos contenidos que fueran susceptibles de afectar sus derechos”.

El congresista panista estableció que lo anterior es claro y resulta ser un mandato legal la publicación de una Ley de Ordenamiento Territorial, previo a la emisión de los documentos que se han intentado divulgar cinco años más tarde.

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“Debemos recordar que la ciudad ha tenido un trágico desarrollo de toma de decisiones como lo ha sido la gentrificación, haciendo a los lugares públicos junto a sus viviendas un tema que debe ser protegido ante los presentes planes del gobierno en turno; precisamente eso es lo que debería de establecerse en estas nuevas proposiciones, un tema en lo que se debería de estar trabajando todos y todas como Estado, y no por el contrario, simplemente estar buscando excusas para no hacer frente a la nueva realidad”, delineó el representante popular del blanquiazul.

Rubio Torres detalló se refirió a las declaraciones de expertos de la UNAM, dadas en el tercer foro de discusión sobre la nueva propuesta de PGOT, quienes respaldaron que es crucial un instrumento encargado de regular estas acciones y la formulación de documentos claros.

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Se trata, dijo, de “plasmar los procesos de una debida elaboración y consulta, documentos que no han sido publicados o solo algunos funcionarios han tenido acceso a ellos, violando el derecho a la información de todos y todas”.

Ricardo Rubio aludió el fracaso de dos consultas las cuales ha intentado el gobierno de Claudia Sheinbaum, una que concluyó en agosto de 2021, y otra en agosto de 2022; como siempre fallaron en ambos intentos, opinó.

“Este año resultó peor, no hubo consulta y desean imponer sus caprichos nuevamente, situación que estaría violando la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México”, sentenció.

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