En el Congreso de la Ciudad de México se analizará en comisiones que toda mujer embarazada, en periodo de lactancia o con niños menores de seis años que se encuentre sujeta a un proceso y tenga una sanción penal en reclusorios capitalinos, pueda gozar de prisión domiciliaria.
Al presentar al respecto una iniciativa en la sesión ordinaria del Poder Legislativo local, que dirigió el panista Gonzalo Espina Miranda al sustituir al presidente de la Mesa Directiva del órgano deliberativo, Héctor Díaz Polanco, quien pidió ausentarse desde la semana pasada para cumplir con un compromiso, el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, calificó como un acto de justicia el otorgar a las mujeres en esas condiciones prisión domiciliaria.
Luego de que le diera el uso de la palabra el presidente en funciones, Espina Miranda, quien tuvo fricciones con morenistas que lo acusaron de que el jueves pasado le faltó al respeto a la coordinadora de la bancada de Morena Martha Ávila Ventura, el diputado perredista destacó la importancia de que mujeres cumplan las penas privativas de la libertad en la modalidad de prisión domiciliaria, cuando así se justifique.
Y fundamentó: “en la legislación vigente de la Ciudad de México subyacen dos problemas críticos, sobre mujeres que son sujetas de un proceso y objeto de sanción penal; por una parte, el código sustantivo no se encuentra homologado respecto a la excepción de prisión preventiva cuando mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia son objeto de un proceso penal y, por la otra, la legislación sustantiva y adjetiva aplicables son omisas en establecer un régimen jurídico para la protección de las mujeres objeto de una pena privativa de la libertad por sentencia firme”.
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Gaviño Ambriz definió que, ante este escenario, debe existir un régimen jurídico que las proteja, que establezca medidas y mecanismos fundamentales para asegurar su salud, la preservación del vínculo materno y el derecho de los menores a su adecuado desarrollo.
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El representante popular de la Revolución Democrática expuso que la iniciativa busca subsanar la omisión legislativa, porque resulta indispensable establecer un régimen de protección suficiente para preservar otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la ciudad, a favor de las mujeres y menores de esa especial condición, como lo son el respeto a los derechos de dignidad, integridad física, psíquica y moral, a la protección de un entorno sano y de protección a la familia.
Resulta que el documento, que adiciona los párrafos tercero y cuarto al apartado l del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México y que adiciona un párrafo segundo al artículo 75 bis del Código Penal para el Distrito Federal, fue turnado a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.
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