El presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, aseguró que la capital del país es pionera en derechos sociales y es ejemplo para el desarrollo de políticas en la materia en las demás entidades federativas.

Por lo que hace a los resultados de la instancia legislativa a su cargo, destacó la elaboración de los dictámenes sobre comedores públicos y comunitarios, así como la expedición de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, sin hacer a un lado la opinión que se ejerció a la iniciativa para elevar a rango constitucional como derecho social Mi beca para Empezar.

El congresista de la bancada de Morena detalló que, con esas políticas públicas, convertidas en derechos sociales durante la II Legislatura, se consolida la capital como una ciudad de derechos sociales y libertades.

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“La Ciudad de México ha sido pionera y muestra para que, en todas las demás entidades de la República, se propongan y desarrollen estas políticas sociales”, declaró.

Martínez Urincho, al referirse particularmente a la creación del Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios, expuso: “el poner en la Constitución este tipo de derechos sociales garantiza precisamente el acceso a elementos básicos que puedan resolver las necesidades de la gente, y obviamente en este caso, de la gente más necesitada, para garantizar precisamente a la población, y más a la población necesitada o desprotegida, de grupos vulnerables, que puedan tener ese acceso, esa garantía, a la alimentación”.

Precisó que la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México contribuirá a crear un sistema de bienestar social, que permita expandir el régimen de derechos sociales, para garantizar su goce y disfrute, tales como la alimentación, vivienda, derecho a la ciudad, evitar la marginación, “y que la población pueda acceder a esos instrumentos para mejorar su nivel de vida”.

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Señaló que, al convertirse en derechos sociales, los que anteriormente eran programas sociales sujetos a disponibilidad presupuestaria, “estamos obligados a garantizar en un tema presupuestario que se garanticen esos derechos”.

En este sentido, se refirió al principio de progresividad en los derechos sociales de la población de la metrópoli, que implica la prohibición de regresión en los mismos, y que ayuda a consolidar el régimen de bienestar social.

Al efectuar un balance sobre el trabajo de la comisión que preside, señaló que durante la actual II Legislatura se aprobaron 20 dictámenes y tres opiniones a iniciativas, entre las que destacó el acceso a derechos digitales, para que la población cuente con internet gratuito; las reformas para prohibir el maltrato de personas adultas mayores; y en materia de la Ley de Economía Circular, para evitar el desperdicio de alimentos, con el apoyo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

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Con relación a los temas pendientes en que se habrá de legislar durante la próxima legislatura, señaló el desarrollo de un sistema integral de cuidados y el fortalecimiento de los programas y derechos sociales, cuyos avances irán en relación a la disponibilidad presupuestaria y el manejo eficiente de las contribuciones.

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