La contingencia sanitaria por Covid-19 dejó pérdidas también para los conductores del transporte público concesionado por mil 285 millones, 177 mil, 908 pesos y 30 centavos del 1 de marzo al 31 de Mayo.
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que los choferes de ruta perdieron de 1 al 15 de marzo de este año 3 millones 469 mil 311 pesos pero del 16 al 31 de marzo, las pérdidas ascendieron a 231 millones 779 mil 908 pesos con 80 centavos, las pérdidas aumentaron del 1 al 15 de abril a 251 millones 63 mil 361 pesos.
Del 16 al 30 de abril, los ingresos bajaron a 269 millones 333 mil 334 pesos y del primero al 15 de Mayo, las pérdidas ascendieron a 260 millones 198 mil 347 pesos con 50 centavos y del 16 al 31 de Mayo hubo una reducción de los ingresos de 269 millones 333 mil 334 pesos.
De acuerdo con datos recabados por la “Secretaría”, el ingreso mensual promedio de un concesionario de “Transporte de Ruta” se encuentra en un rango de 41 mil pesos a 85 mil pesos.
Por lo anterior, los concesionarios cuentan con incentivos suficientes para sustituir sus unidades por vehículos articulados para formar parte de la Línea 5 del Metrobús pues cada unidad cuesta 10 millones 664 mil 892 pesos de contado y 14 millones, 624 mil 180 pesos con 4 centavos con financiamiento diferido en 60 mensualidades, con una tasa de 16%.
Por lo anterior, Semovi presentó los lineamientos del Programa de Sustitución de Unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta por unidades que prestarán el servicio en el Sistema de corredores de transporte público de pasajeros de la Ciudad de México.
La “Acción” busca apoyar económicamente a la empresa concesionaria (“Empresa”) que se incorporará a la provisión del servicio de “Metrobús L. 5, segunda etapa”, en el tramo Río de los Remedios-Preparatoria N°1, preferentemente a la integrada por los concesionarios de las Rutas 12 y 108 (“Concesionarios”) que prestan el servicio en la zona, para que puedan sustituir hasta 297 vehículos automotores que han concluido su vida útil y que prestaban el servicio de Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo Clasificado como Ruta (“transporte de Ruta”), por 76 vehículos automotores articulados (“Sustitución”).
“Acción” prevé la entrega de apoyos económicos que, sumados, equivalen a 10% del costo total de la nueva flota, para la adquisición de las unidades nuevas que prestarán este servicio, con bajas emisiones, capacidad ajustada a la demanda y que cumplan con los lineamientos técnicos establecidos por el Organismo Público Descentralizado Metrobús.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México llevará a cabo la adecuación de los 18.5 kilómetros de vías confinadas y la construcción de las 35 estaciones de acceso controlado necesarias para extender el servicio de “Metrobús L. 5, segunda etapa” a 96 mil usuarios, sin embargo, la adquisición de las 76 unidades necesarias para la ampliación del servicio es responsabilidad de la “Empresa”.
Sin embargo, la reducción de recursos ocasiona que la incorporación al servicio de “Metrobús” sea difícil de concretar por parte de los “Concesionarios”, y no haya incentivos suficientes para llevarla a cabo, en particular en el marco del contexto actual de emergencia sanitaria por COVID19.
El pago del costo total de la “Sustitución” ejerce presiones fuertes sobre las finanzas de los “Concesionarios”, así como en la salud financiera de la nueva “Empresa”, derivado de dos circunstancias principales. La primera circunstancia es que el costo de “Sustitución” es más alto en el esquema de “Metrobús”, debido a que las unidades que prestan este servicio deben cumplir con especificaciones técnicas que incrementan su costo, y el de su financiamiento.
La segunda circunstancia es que los “Concesionarios” suelen tener dificultades para acceder a financiamiento; dado que la “Empresa” es de creación reciente, es complicado que puedan demostrar capacidad de pago de las unidades bajo este nuevo esquema de prestación de servicio. Aunado a esto, la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido un impacto negativo en sus ingresos y, en consecuencia, en su capacidad de acceso a financiamiento.